PEDRO VILLALAR
La nueva subvención de 420 euros al mes durante seis meses a los parados que ya no perciban el subsidio es arbitraria: tan sólo beneficia a quienes hayan agotado la prestación por desempleo entre el 1 de agosto y los 180 días posteriores y no tengan rentas superiores al 75% del Salario Mínimo. Ello significa que quienes agotaron el subsidio antes del 1 de agosto no recibirán ayuda alguna. El planteamiento, además de injusto, carece de sentido: es de imaginar que quienes llevan tiempo parados y sin subsidio estarán en situación de especial necesidad.
En realidad, lo que falla es el modelo. Lo razonable, jurídica y políticamente, es limitar la ayuda pública tasada a la regulada por las leyes, sin prórrogas excepcionales como la que nos ocupa. Y combinar las prestaciones estables de la seguridad social con un sistema no contributivo de auxilio social, que otorgue ayudas directas y personalizadas a quienes acrediten la imperiosa necesidad de recibirlas. Sin duda, la gestión de este sistema, que bene de fuentes liberales, sería más compleja porque requeriría el concurso de una red de asistentes sociales pero ofrecería más equidad y más seguridad jurídica.