El relativismo de Caamaño

ANTONIO PAPELL El ministro de Justicia, catedrático de Derecho Constitucional y letrado del TC, es, además de un jurista experto, un pragmático y un buen negociador. Como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes desempeñó un productivo papel mediador en la elaboración de las seis reformas estatutarias aprobadas durante la legislatura anterior, y muy especialmente en la de la Carta Catalana.
Y es ese talante contemporizador el que sin duda explica el relativismo sorprendente con que Caamaño ha abordado el escándalo del inefable retraso del TC –casi tres años dura ya la redacción– en su dictamen sobre los recursos presentados contra el Estatuto de Cataluña. Recursos muy fundados y que no provienen sólo del PP, que puede tener un interés más político que jurídico en el asunto: también el Defensor del Pueblo consideró inconstitucional la norma, y con argumentos en apariencia contundentes.
Caamaño ha manifestado que siente "inquietud" por la tardanza pero le resta trascendencia: la media de tiempo que se toma el TC para resolver los asuntos "excede con mucho los tres años". Habría que recordar que cuando acaeció el otro gran conflicto territorial que padecimos, el suscitado por la promulgación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), el Constitucional tardó poco más de un año en desautorizarla, negarle al carácter de orgánica y suspender 14 de sus 38 artículos. La ley llevaba fecha del 30 de junio de 1982 y la sentencia, de 18 de agosto de 1983.
Tampoco parece razonable negar trascendencia a la sentencia del TC sobre el Estatut con el argumento de que éste lleva tres años en vigor y "no ha pasado nada excepcional". "Ni se ha roto la unidad de mercado –ha añadido el ministro–, ni los catalanes tienen derechos distintos de los que tenemos el resto de los españoles". Caamaño tiene que saber mejor que nadie que "no ha pasado nada", como dice, porque casi todos hemos mirado hacia otra parte cuando se aprobaba un modelo de financiación autonómica que ignora el Estatut (nueve graves incumplimientos ha denunciado CiU). Y también hemos hecho la vista gorda ante alguna de las 32 leyes de desarrollo de la Carta Catalana que orilla claramente la Constitución.
En suma, es inútil negar que el TC ha hecho gravísima dejación de su responsabilidad al demorar tanto una sentencia de cuya emisión depende nada menos que el dibujo del Estado de las Autonomías. Tan grave es el pecado que justificaría incluso una reforma a fondo del TC para liberarlo de las presiones políticas que padece y elevarlo al limbo de la neutralidad. Y es probable que ello sólo sea posible otorgando carácter vitalicio a los mandatos, como ya vieron los Fundadores de la democracia americana.

El TC debía haber sido además renovado parcialmente en diciembre de 2007. Estamos, pues, cerca de los dos años de demora; como se ve, tampoco las instituciones políticas muestran gran celo en el cumplimiento de su deber. Es muy difícil no interpretar que este impasse que afecta al organismo encargado de velar por la ortodoxia democrática es una prueba de decadencia que todos deberíamos ver con profunda y activa preocupación.