LLORENÇ RIERA
Es una especie de interrogante colectivo planteado en términos de buena lógica. ¿Llamará el magistrado instructor de la operación Espada al ex presidente Jaume Matas para declarar? Ayer, los periodistas tuvieron ocasión de preguntárselo al juez y éste dio una respuesta de manual y propia de su cargo. José Castro contestó que, en el supuesto de citar a Matas, lo hará cuando lo considere oportuno y respecto a la oferta del aludido para declarar de forma voluntaria, también contestó en términos obvios, en el sentido de que, a un juez, nadie le emplaza a quienes deben comparecer ante él.
Dejemos pues que cada uno cumpla con su trabajo y actúe en función de su responsabilidad profesional. Pero, visto lo que se cuece en el caso del Palma Arena y la condición de las personas que están implicadas en ello, esto no es óbice para que la opinión pública este informada de los pormenores de la investigación del sobrecoste del velódromo y del grado de responsabilidad de quienes intervinieron u ordenaron sobre su construcción.
Con lo sabido hasta ahora, en estos momentos no resulta ni mucho menos descabellado pensar que, tarde o pronto, Jaume Matas será llamado a rendir explicaciones ante el juez. Si lo ha hecho su entorno más inmediato y las personas sobre las que el anterior presidente delegó responsabilidades, lo ecuánime, para profundizar en la instrucción, es que también deba hacerlo él. Ayer mismo compareció ante el magistrado Castro quien fuera jefa de gabinete de Matas, Dulce Linares y a la vez representante del Govern en el consorcio del Palma Arena. De lo que ha trascendido de las declaraciones de imputados y testigos se desprende con claridad que, quien más quien menos, actúo por encargo, delegación o con consentimiento del último presidente autonómico del PP.
Por pura deducción, parece adecuado pensar que se aproxima la hora de la verdad para Jaume Matas, más allá de las sonrisas formales y de las asépticas misivas portadas por su letrado ofreciendo unas explicaciones que ya deberían estar concretadas desde hace tiempo. Por lo menos para la opinión pública a la que se sigue debiendo el ex presidente de vecindad estadounidense. Las responsabilidades políticas o institucionales de los cargos públicos no son dependientes de las presuntas imputaciones penales que puedan producirse. Este es el principio fundamental que siempre ha desatendido Jaume Matas en los numerosos casos de corrupción que le salpican, derivados de su último gobierno. No se ha explicado porque no ha querido. Nadie ni nada le ha impedido hacerlo.
Al igual que las precedentes, la última oferta epistolar de información portada por el letrado Parera parece ser una carta en defensa propia antes de la eventual acusación. El ex presidente debe explayarse ante la sociedad a la que sirvió. Después, o cuando lo considere oportuno, el juez ya dirá. Si el Palma Arena fue la obra –y el desaguisado– insignia del Govern Matas, a su titular no le queda otro remedio, aunque sólo sea por dignidad humana, que dar la cara, tomar la palabra y exhibir documentos. Y las cuentas, claro.