ANTONIO PAPELL
Se han cumplido cien días del nuevo Ejecutivo vasco, presidido por Patxi López, que echó a andar el 5 de mayo. Y el balance es sin duda magnífico, no tanto por el desarrollo de la acción de gobierno, todavía incipiente, cuanto por los efectos del gran cambio suscitado en el País Vasco, que repercute en la visión conceptual del "conflicto" –el equívoco concepto urdido por los nacionalistas– y en el planteamiento de la lucha contra ETA. El nuevo lehendakari, que acordó su papel con el líder del PP vasco, Basagoiti, trazó al comienzo de su andadura dos líneas estratégicas de actuación: la lucha contra ETA y el combate contra la crisis económica, que en el País Vasco es dura pero más llevadera que en otras comunidades españolas. Pero, de hecho, las primeras actuaciones han sido previas a estos designios y se han centrado en la "normalización" de un ámbito territorial sometido durante dos décadas a profundas y patológicas inercias y a graves distorsiones.
La normalización ha consistido en dar plena visibilidad a la alternancia y al consiguiente cambio de pautas, premisas y perspectivas. La Ertzaintza, que estuvo sometida a criterios ideológicos, es ya una policía neutra que asume con toda naturalidad la lucha contra el terrorismo y su apología. La radio y la televisión públicas están emprendiendo, de la mano de Alberto Surio –uno de los periodistas de más prestigio de Euskadi–, el camino hacia la desactivación del sectarismo. Y los mensajes que parten de Ajuria Enea han perdido cualquier matiz de ambigüedad: el objetivo principal del gobierno vasco es "la deslegitimación política y social del entorno de ETA".
Felizmente, se ha producido una esperanzadora conjunción: la alternancia en Euskadi ha tenido lugar cuando, fracasado el último "proceso de paz", el partido del Gobierno y el PP han forjado un sólido acuerdo antiterrorista que consiste en negar cualquier significado político a la violencia y combatirla exclusivamente por métodos policiales. En este marco, la deslegitimación social del terrorismo y la lucha policial se vuelven complementarios, y auguran el estrangulamiento de la banda armada en todos los terrenos. Es evidente que el camino emprendido por López, que ha representado el rechazo del PSE-PSOE a la invitación a una alianza que formulaba el PNV, no debe ser simétrico del que ha recorrido el nacionalismo hasta ahora. En otras palabras, "normalización" debe representar "integración y transversalidad", por lo que López deberá intentar que el PNV, tras asimilar el mal trago, acepte con naturalidad que no es un "movimiento nacional" taumatúrgico que encierra en exclusiva las esencias vascas. Pero antes de desarrollar semejante pedagogía política, era necesario asentar la mudanza: poner fin a la mitificación de los presos etarras, eliminar el monopolio del euskera como lengua vehicular, integrar Euskadi en el concierto español, invocar el Estatuto de Gernika para desarrollar sus últimas potencialidades, etc.
Al asistir al penoso espectáculo nacional, el de la política pendenciera de los dos grandes partidos, surgen inevitablemente algunos temores sobre la durabilidad del consenso vasco. Es cierto que Basagoiti y López están dando pruebas de un sentido del Estado admirable, pero poco podrán hacer si no cuentan con la cooperación al menos tácita de sus organizaciones mayores. De momento, Zapatero y Rajoy están a la altura de sus responsabilidades en este asunto, pero no estará de más advertirles de que la sociedad española no les perdonaría que convirtieran también la cuestión vasca en rehén de sus miserias cotidianas.