Separar el grano de la paja

LLORENÇ RIERA El trato dispensado a los imputados de la operación Espada, –las presuntas irregularidades en la construcción y descuadre económico del Palma Arena– durante su detención policial y puesta a disposición de la Justicia, ha levantado una polvareda creciente que el partido de los cargos públicos afectados, el PP, ha cuidado de jalear. Ayer mismo, tanto el presidente nacional, Mariano Rajoy, como la presidenta regional, Rosa Estaràs, no escatimaron denuncias en este sentido y vinieron a decir, incluyendo la operación Espada en el mismo saco de las escuchas telefónicas pregonadas pero no concretadas por De Cospedal, que el gobierno socialista ha movilizado buena parte del aparato del Estado en contra del PP. Pero no sólo esto, el Delegado del Gobierno, Ramon Socias, ha reconocido que no se cumplieron sus instrucciones sobre el trato que debía dispensarse a Rafel Durán y ´Pepote Ballester. Socias ha ordenado una investigación para clarificar tal desobediencia y ha pedido disculpas a Estaràs.
En medio de la polvareda y de la "exposición mediática" no conviene desorientar la brújula y separar el grano de la paja para no errar el horizonte real, que no es otro que el sobrecoste del Palma Arena y la falta de justificaciones de unos incrementos que por lo menos doblan el presupuesto inicial. No se trata de infravalorar, ni mucho menos, la condición ni el respeto humano que pueda afectar a cualquier detenido pero, de entrada, más que las pataletas del PP, incluso comprensibles en su afán por desviar la atención, aquí el despiste inesperado viene por el comportamiento del Delegado del Gobierno e incluso por las denuncias de algunos organismos policiales que, en el caso de estar justificadas, deberían haberse concretado más, en beneficio de los afectados y de la propia Policía.

¿Existen distintos protocolos de actuación en función de la condición de los detenidos? ¿Debe el Delegado del Gobierno dictar órdenes concretas en cada caso? Es lo primero que debe explicar Ramon Socias. Por supuesto que estar afiliado o simpatizar con el PP no puede ser objeto de causa penal. Plantearlo resulta ofensivo para la democracia, pero las prebendas también pueden atentar contra la igualdad de derechos y de trato. De todos modos, en la operación Espada, el núcleo del asunto está en descifrar el sobrecoste del que, según todos los indicios, ha sido el velódromo más caro y también más inservible del mundo, porque la UCI reniega de él. Y no sólo esto, está por clarificar si alguien se ha lucrado personalmente con ello o si, como apuntan algunas declaraciones, el PP se ha financiado por este medio. Algún indicio habrá cuando el Juez, a instancias del Fiscal, determina fianzas.