El enfado del PP con el fiscal

JOSÉ CAVERO Como en los mejores tiempos está resultado estruendoso el enfado del PP contra "el defensor de la legalidad". En esta ocasión, al PP de Rajoy y Cospedal le parece que el defensor de la legalidad, o fiscal del Estado, ha actuado inadecuadamente, y respondiendo a intereses del partido y del Gobierno socialista por anunciar su recurso de casación ante el Tribunal Supremo de la sentencia anunciada por los tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que determinaban el sobreseimiento de la causa que venía siguiéndose contra el presidente de dicha comunidad, Francisco Camps y tres de sus colaboradores más próximos, como recipiendarios y beneficiados de las dádivas y regalos de los responsables de la Trama Gürtel.
El PP hubiera preferido, naturalmente, que el caso se hubiera acabado en ese punto, sin mayor trascendencia, y que todo hubiera quedado resuelto "en el reino de Valencia", donde nos aseguran medios informativos solventes que se han producido importantes presiones para que los jueces actuaran del modo que lo hicieron dos de los tres actuantes. Cabe recordar la función del fiscal, que no es otra que la de defensor de la legalidad, y que, por tanto, está tan autorizado a discrepar como lo hizo el tercero de los jueces valencianos, nada conforme con que se decidiera el sobreseimiento, como sus colegas, que entendieron que la recepción de dádivas no tenía por qué responder, de manera automática, al agradecimiento por los favores recibidos, como entiende cualquier ciudadano lejano a móviles e intereses partidistas.
Si alguien que ejerce un alto cargo recibe importantes regalos, y reiteradamente, parece probable que sea por alguna razón práctica, y no por la mera cortesía y amor platónico de quien hace el regalo... Y sobre todo, cuando hay muchos otros casos en los que todos hemos considerado que era una práctica común y corriente, la de los ejercientes de la trama: se portaban bien con quienes estaban en condiciones de favorecer sus negocios, otorgándoles proyectos y contratos de considerable beneficio económico. Por encima de siete millones de euros, se estima que beneficiaron las autoridades valencianas a los desalmados de la Gürtel. Sin contar los bolsos de Rita Barberá y otros detalles, parece que no menos valiosos...

¿Por qué suponerle mala práctica a quien, después de todo, no hace sino defender dineros públicos probablemente mal empleados en intereses personales de unos pillos que ejercieron "su oficio" a la sombra de un partido político? En particular, Dolores Cospedal se ha subido al guindo al hablar de riesgo importante para la democracia y el estado de derecho. ¿No lo son las prácticas de abuso y corrupción ahora conocidas, y contra las que el PP ha mostrado una pereza rayana en la desvergüenza, con tal de no dañar la imagen de alguno de sus más ínclitos militantes? ¿No debió ser el PP, por ejemplo, quien impulsara que el juez De la Rúa se retirara del caso después de admitirse la profunda amistad entre el presidente del TSJCM y el presidente de la CV, y quien, el primero, se preocupara de que fueran expulsados del partidos todos y cada uno de los "rozados" y "salpicados" por el escándalo de las comisiones de los Correa, Bigotes y restantes reclusos?