PEDRO VILLALAR
La noticia difundida por las agencias no es sorprendente: la Fiscalía General del Estado ha dictado cuatro oficios dirigidos a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Autónoma Vasca y la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el fin de adelantarse a los movimientos que el entorno de ETA podría haber iniciado para eludir el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos y concurrir a las elecciones autonómicas vascas del próximo 1 de marzo bajo otras denominaciones, como D3M-Demokrazia 3.000.000. El desparpajo del entorno de ETA no conoce límites. Después de desdeñar el marco jurídico español y de combatirlo inicuamente mediante la extorsión y el asesinato, pretende utilizar sus cauces democráticos para estar presente en un escenario reservado a quienes creen en la política como único medio de dirimir los conflictos. Evidentemente, su osada iniciativa debe ser abortada de raíz por todos los medios de que dispone el Estado: existe ya general consenso sobre la necesidad de expulsar de la ceremonia pública a quienes entienden el debate como el arte de exterminar al adversario. Sería triste que esta maniobra generara división entre los partidos: la respuesta al intento de fundar otra "marca blanca" de Batasuna debe merecer la negativa unánime de todos, conforme a la Ley de Partidos, sin que asome el menor atisbo de vacilación en la respuesta.