Ya no somos los últimos

SEBASTIÀ VERD Balears ya no es el farolillo rojo de la educación o, por lo menos, ha dejado de ser la comunidad autónoma con mayor porcentaje de fracaso escolar para situarse en sexta posición -contando por la cola, naturalmente- según el Anuari d´ Educació que publica la Fundació Guillem Cifre de Colonya en colaboración con la Universidad y la Conselleria. La cifra de abandono escolar sigue siendo elevadísima, un 34´5 por ciento, y superior en cinco puntos a la media estatal, pero ya no estamos en el 40 por ciento con el que se inauguró el siglo. Con un incremento de población que supera con creces el veinte por ciento había fundadas razones para temer que el porcentaje seguiría aumentando en lugar de disminuir, pero afortunadamente -según los datos del anuario- no es así. ¿Habrá servido la crisis para que los jóvenes cobren conciencia sobre la necesidad de estudiar o, por lo menos, de completar un ciclo formativo básico?
Es posible que la caída del empleo haya menguado las expectativas laborales de los jóvenes, pero aún es pronto para confirmar esta tesis dado que, según el propio Anuari, la inmensa mayoría de ofertas de trabajo de las islas - casi un ochenta por ciento - requieren niveles educativos mínimos. Y, además, los datos corresponden al curso pasado. Qué los jóvenes en edad escolar no puedan acceder a un empleo con tanta facilidad como antes no soluciona el problema de fondo, que sigue y seguirá siendo el bajo nivel formativo de los estudiantes o, dicho de otro modo, el escaso aprovechamiento que hacen del sistema educativo balear.
Hay en el Anuario un dato muy significativo para entender la realidad a la que nos enfrentamos. Una encuesta realizada en una escuela pública de Son Gotleu, el barrio de Palma con mayor concentración de inmigrantes, revela el desespero de los profesores para sacar adelante a sus alumnos, a los que ven escasamente predispuestos para el aprendizaje. Una impresión negativa que se centra, sobre todo, en los alumnos extranjeros. Y, sin embargo, la valoración que hacen los inmigrantes de sus profesores es radicalmente contraria. Es más, los alumnos no nativos son quienes más confían en sacar provecho de la escuela. Una contradicción que invita a reflexionar y a corregir o, como mínimo, matizar algunos de los tópicos en los que se basa la imagen de la red de enseñanza de las islas.
De todos modos, los resultados obtenidos por la enseñanza privada, con bajos índices de inmigración y formada por alumnos con un estatus social medio o alto, siguen siendo mejores que los de la pública, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir invirtiendo en construcción de nuevos centros que eviten la masificación de la pública y faciliten un reparto más equitativo de los inmigrantes. También en mejorar la dotación en medios humanos y materiales. Desde este punto de vista es innegable que Balears sigue estando en la cola. Para el año que viene el presupuesto de educación del Govern se incrementará en un seis por ciento, importante para un Govern en apuros, pero un porcentaje decepcionante para las asociaciones de padres y enseñantes, porque los presupuestos aumentan más: un siete por ciento.
La diferencia es solo de un punto, pero sirve para poner en entredicho el carácter prioritario de las inversiones educativas. De hecho el objetivo que los partidos progresistas se fijaron al firmar el nuevo pacto de gobierno era llegar al seis por ciento del Producto Interior Bruto y, de momento -a la espera de que mejore la financiación autonómica- sólo se ha llegado a la mitad. Mientras, el fantasma de la crisis quizás ayude a mantener a los alumnos en sus aulas y evite la vergüenza de ser el farolillo rojo. Pero de lo que se trata no es de retenerlos sino de formarlos, adecuando las estructuras a la nueva realidad, inmigración incluida.