Ya se conoce la fecha de inicio y el escenario para la vista del juicio del caso Son Banya. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial lo ha fijado para el próximo 12 de enero en una sala de grandes dimensiones del edificio de hostelería del campus de la Universitat. No es una cuestión académica, evidentemente, pero si una cuestión práctica y una buena solución logística para una vista judicial particular y de considerable calado, tanto por los hechos que se someten al dictamen de la Justicia, como por la condición y el número de personas implicadas en las circunstancias que se ponen bajo el prisma del ordenamiento jurídico.

En el caso son Banya figuran un total de 28 personas acusadas, afectadas, de una forma u otra, por el robo de siete millones de euros procedentes del tráfico de drogas y que estaban enterrados en un zulo del poblado que da nombre al caso. Entre quienes se sentarán en el banquillo de los acusados figura el ex responsable del Grupo de Atracos de la Policía, José Gómez, ahora en libertad bajo fianza y Francisca Cortés Picazo, más conocida como "La Paca", en prisión, no por está causa, sino por la Operación Kabul, que supuso la desarticulación del clan que dominaba el tráfico de drogas en Son Banya.

Con todos estos condicionantes y teniendo en cuenta la identidad y el número de personas implicadas, es obvio que la sala de vistas de la Audiencia Provincial no reúne las condiciones adecuadas para el juicio del caso Son Banya, mucho más si, como se prevé, éste se prolonga por espacio de dos semanas. La duración depende, de todos modos, de lo que se dilaten las declaraciones de los implicados, las testificales y las valoraciones de las partes intervinientes. Por el momento sabemos que el ministerio Fiscal interesa once años de prisión para José Gómez y su compañera sentimental, la abogada María Ángeles L. C. y que habrá que dirimir, entre otras cosas, la entrega de 600.000 euros por parte de "La Paca" al inspector de Policía. El juicio que empieza el próximo 12 de enero en la UIB, lo aclarará.

Pero, aparte de dictámenes y resoluciones judiciales que dejaremos para la independencia y la interpretación de la Magistratura, el caso Son Banya tiene otras lecturas y valoraciones de índole social que no pueden ignorarse porque en el se debaten cuestiones de mucho calibre en las que aflora lo más oscuro y detestable de la Mallorca actual que, pueden ser todo lo repugnantes que se quiera, pero no por ello dejan de ser reales. En este sentido y aunque sea en términos materiales y oportunidad logística, ya va bien que por unos días confluyan el oscuro mundo del delito y la corrupción con el rigor académico de buen nivel. La Universitat debe conocer todas las vertientes de la sociedad a la que sirve y de la que se nutre.

En el caso Son Banya, con 28 acusados de por medio, nos situamos ante el tráfico de drogas, el robo, la corrupción de funcionarios públicos, la extorsión organizada e incluso la tortura. Casi todas las lacras sociales juntas en el escenario de un poblado muy marginal en forma de ghetto que lleva décadas en el ojo del huracán y pendulando entre busca de soluciones administrativas que nunca llegan a consolidarse. Con todo este panorama, independientemente de cual sea su fallo judicial, la celebración del juicio del caso Son Banya ya resulta un paso adelante.