Las otras víctimas

LLORENÇ RIERA Los hechos que se le imputan y su condición de preso preventivo hacen que Javier Rodrigo de Santos sea hoy un personaje defenestrado -autodefenestrado, más bien- política y socialmente. La presunta malversación de fondos públicos y la corrupción y abuso sexual de menores no son acusaciones cualquiera. El caso Rodrigo de Santos afecta a víctimas directas que, en el caso de los menores, tienen nombres y apellidos concretos que habrá que proteger y tutelar en grado extremo. A medida que transcurre el tiempo y la investigación de tan desagradables cuestiones van aflorando también otras víctimas colaterales relacionadas con el hombre que simulaba la honestidad en Cort. Ahora llega el turno de las víctimas políticas y profesionales, no siempre inocentes o involuntarias.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha destituido a quien ha sido delegada de Economía y Hacienda en Balears durante 16 años, Rosa María Barber, por haber incorporado a De Santos como número dos de la delegación al poco tiempo de cesar como responsable de Urbanismo en Palma y tras un paso fugaz por la empresa privada. En el mejor de los supuestos, por mucho que ahora todos intenten echar balones fuera, hubo una evidente falta de tacto y sensibilidad. Ahora nadie quiere saber nada del árbol caído y todos intentan marcar distancias, lo más alejadas posible, con respecto a él. La dimensión de los hechos que se imputan a Rodrigo de Santos son de tal magnitud que, necesariamente, implican a sus superiores, por mucho que Catalina Cirer recuerde que "no era su madre" y haya afianzado posiciones en el seno del PP, o que la ya ex delegada de Economía de Hacienda puntualice que "me lo mandaron de la Delegación del Gobierno". Hay una contradicción manifiesta entre esta afirmación y la réplica del delegado gubernamental, Ramon Socias, quien asegura que en su día protestó ante el ministerio de Economía y Hacienda por el nombramiento de De Santos en la sede balear del departamento y que no se le consultó, como resulta preceptivo, una contratación de tal nivel.

Es muy probable que queden por conocer algunos eslabones clave de la incorporación de De Santos a Hacienda. Rosa María Barber asume, por decisión jerárquica y de forma involuntaria, las resposabilidades y las secuelas de ello mientras, quien más quien menos, hace malabarismos para no recibir salpicaduras con secuela política o profesional. De todos modos, es evidente que mantener en Hacienda a un imputado por malversación de fondos públicos casaba mal con la ética y la coherencia.
Las circunstancias de lo ocurrido también parecen descubrir, una vez más, que los sistemas de designación de cargos públicos de grado medio o superior no siempre se rigen por los baremos de mérito, capacidad o solvencia. Rosa María Barber ha sido la primera víctima colateral del caso Rodrigo de Santos y nada permite presumir, ahora mismo, que sea la última. Entre otras cosas porque en el se dirimen hechos de considerable calado moral y porque todavía queda mucho camino por recorrer. Las imputaciones apenas han entrado en la vía judicial y en ella, por las dimensiones de los asuntos en cuestión, nada será indiferente o intrascendente. Habrá que oír muchos pronunciamientos y contrastar pruebas y documentos clave.