El Gobierno socialista completó durante la legislatura anterior el más amplio y sofisticado tratamiento legislativo de la violencia de género. La ley integral abarca todos los aspectos del problema y se ha convertido en referente mundial. Sin embargo, el número mujeres víctimas de esta violencia cobarde e insoportable no desciende: ni las muertes -71 en 2007- ni las denuncias por malos tratos, que siguen en el entorno de las 80.000 anuales. Así lo acredita el informe que acaba de presentar la ministra de Igualdad, Bibiana Aido, sobre los tres años de vigencia de esta normativa.
Las conclusiones son claras: en primer lugar, no basta con dictar leyes para resolver problemas: hay que habilitar los medios suficientes para que las soluciones sean posibles. En este caso, faltan recursos para vigilancia policial, atención a las víctimas, medidas preventivas, etc.
En segundo lugar, las leyes no terminan de resultar operativas si no consiguen ser interiorizadas por la sociedad. Y en este asunto, existe todavía un machismo latente, bien visible en el sustrato cultural, que no ha podido ser extirpado todavía. Hasta que el sistema educativo y el proselitismo social no logren reducirlo prácticamente a la nada, la cuestión no estará resuelta, ni siquiera a modo de aproximación.
