Seguridad en prácticas

 
Seguridad en prácticas
Seguridad en prácticas 

SEBASTIÀ VERD Nadie puede negar que desde el gobierno central y la delegación del Gobierno se ha hecho un esfuerzo considerable para completar las plantillas de la policía nacional y de la guardia civil de Balears. Durante las legislaturas del Partido Popular se había llegado a mínimos insostenibles, de modo que cualquier mejora debía ser obligatoriamente bien recibida. Y así ha sido. En los últimos años las plantillas se han completado, al menos teóricamente, porque una vez más han quedado desfasadas a causa del incremento poblacional. En cualquier caso, la situación continúa siendo manifiestamente mejorable. La realidad demuestra que las plantillas son muy poco estables porque tan pronto como pueden, la mayor parte del personal de las fuerzas de orden público que viene destinado a las islas, solicita el destino a sus comunidades de origen o a aquellas en las que las condiciones de vida les son más favorables. Así en el último concurso de traslados, 124 policías nacionales lograron cambiar su destino por otro peninsular, mientras que sólo 7 siguieron el camino contrario.
La situación es grave, porque -se reconozca o no- afecta a la seguridad de las islas. Y se agrava aún más en verano, cuando la afluencia de visitantes es mayor, debido a que los anunciados refuerzos de cada año se ven afectados por la misma dolencia. El destino insular no es apetecible para las fuerzas de orden público y por ello, para cubrir las vacantes temporales, no queda más opción que echar mano de las academias. Tres de cada cuatro agentes de refuerzo son en realidad alumnos en prácticas y, como tales, para actuar deben ir siempre acompañados de compañeros experimentados. Menos mal que el servicio de protección a la Familia Real es la excepción a esta regla y que sus efectivos contribuyen no sólo a garantizar la seguridad en torno a Marivent sino que forman parte de un paquete global de disuasión contra todo tipo de delincuencia.

El hecho es que entre agentes que se van, los que tienen vacaciones durante estos meses y los alumnos en prácticas que llegan no queda más remedio que dar la razón a los sindicatos policiales y pensar que la seguridad ciudadana veraniega es inclusos inferior a la de los meses de invierno. Las cifras lo dicen: cien agentes menos debido a los traslados y unos teóricos refuerzos que se quedan en poco más de un centenar cuando a los quinientos recién llegados se les resta los trescientos sesenta alumnos. Lógicamente, el delegado de Gobierno trata de quitar hierro a este penoso asunto, asegurando -como es su obligación hacer- que la seguridad no está en peligro. En realidad, dice que la situación no es muy diferente a la del verano de 2007, cuando dos de cada tres refuerzos provenían directamente de las academias y, a pesar de ello, todo estuvo bajo control.
Sea como sea, estamos ante un problema endémico de imposible solución si el destino a Balears continúa sin ser atractivo para los cuerpos de seguridad del Estado. El alto coste de la vida de las islas y de los transportes con la Península, a pesar de los descuentos de residentes, actúa en contra de quienes son destinados aquí. Y las promociones de agentes de las islas no son suficientes para completar las plantillas. Tanto policías nacionales como guardia civiles no ocultan su malestar por la falta de compensaciones económicas. Una reivindicación que habría llevado a los sindicatos a convocar una huelga de celo que no hará sino complicar una situación que exige un plan de seguridad expresamente diseñado para las islas. Un plan definitivo y no provisional que equivale a seguir eternamente en prácticas o, mejor dicho, en precario.




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