La guerra de los obispos

 
La guerra de los obispos
La guerra de los obispos 

SEBASTIÀ VERD Los obispos de las tres diócesis de las islas han amenazado al Govern con llevarlo a los tribunales por lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos firmados entre el Vaticano y el Estado español en el ya lejano 1979, cuando la recién estrenada democracia trataba todavía de deshacerse del lastre de la dictadura. Los pastores de la Iglesia Católica quieren que la asignatura de religión de bachillerato no sea voluntaria, tal como prevé el borrador de decreto de currículo que la conselleria de Educación ha redactado para el próximo curso, sino que todos los alumnos tengan que elegir obligatoriamente entre esta asignatura u otra alternativa que tenga el mismo horario y que sean igualmente computables. Les da igual que sea una maría e, incluso, casi les gustaría que lo fuera, con tal de que a la hora de la religión católica las aulas no estén vacías, como en la práctica ocurrió el pasado curso. Es el último privilegio heredado de tiempos pasados que les queda, al menos en la escuela pública, porque en la concertada -en los colegios religiosos- el adoctrinamiento sigue como siempre.
El asunto no es nuevo. La Iglesia ha hecho un frente común con la patronal Escola Católica, las asociaciones de padres conservadoras y una recién creada Plataforma de Profesores de Religión para evitar que el decreto del Govern sea efectivo. Salvo en el caso de los profesores, para quienes también se trata de un tema laboral, el problema de fondo es doctrinal, lo que no deja de ser curioso cuando desde éste o parecidos frentes se acusa al gobierno central de querer ideologizar la escuela con Educación para la Ciudadanía. Con una diferencia: esta asignatura enlaza directamente con los principios constitucionales, mientras que -por muchos acuerdos preexistentes que haya con la Santa Sede- no parece lógico que una religión concreta tenga cabida en un Estado laico, en los programas de estudio de una escuela financiada con fondos públicos.

Con todo, el conflicto que enfrenta a los obispos de Mallorca, Menorca y Eivissa con el Govern es una consecuencia de la dificultad que tiene la conselleria de Educación para encajar los programas. Sin la religión, el horario semanal de bachillerato es ya de treinta y dos horas, excesivo en sí mismo y al que se añadirían dos horas más si la religión fuese obligatoria. Con el borrador del decreto en la mano la solución está en que sólo quienes se matriculen en la asignatura estarán forzados a permanecer más tiempo en los centros que sus compañeros. Consecuentemente, la Iglesia teme que la matrícula caiga en picado, que nadie elija religión en la escuela pública. Y por eso están decididos a apelar a la Justicia ordinaria, convencidos de que la justicia divina ya está de su parte.
Sin embargo, el Govern no lo tiene tan claro. Desde la conselleria de Educación están convencidos de que el decreto de currículo es perfectamente legal y que no incumple ninguno de los acuerdos con el Vaticano sobre el tratamiento de la religión católica en la enseñanza pública. De hecho, el decreto reconoce que cursar la asignatura es un derecho de todos los estudiantes y todos los centros deberán ofrecerla en sus programas, aunque, eso sí, sin forzar a nadie. Por eso, por las dificultades que entrañaba satisfacer a todo el mundo, el decreto está todavía sin aprobar y con dudas de que pueda entrar en vigor cuando se inicie el próximo curso. La conselleria espera ahora que el Consell Consultiu se pronuncie sobre su legalidad. Aunque al final, quienes dirán la última palabra serán los Tribunales, porque los obispos se resisten a perder una tribuna que estuvo en manos de la Iglesia décadas y más décadas.

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