Desafío independentista

Rajoy pide que no se "impongan a las bravas"

El Gobierno solicita al TC la nulidad y suspensión inmediata de todas las resoluciones del Parlament 

08.09.2017 | 18:03
Rajoy pide que no se "impongan a las bravas"

El Gobierno ha presentado hoy cuatro recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) pidiendo la suspensión de otras tantas decisiones del Govern y del Parlament para celebrar un referéndum el 1 de octubre, ante el que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, asegura que no renuncia "a nada" para evitarlo.

Rajoy ha presidido una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se ha acordado pedir al TC la suspensión de la ley del referéndum, del decreto de su convocatoria, de las normas complementarias que lo acompañan y de la resolución de la Cámara catalana que ha designado a cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

A todo ello se suma el incidente de ejecución de sentencia que ha promovido también hoy el jefe del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la admisión a trámite por la Mesa del Parlament de la ley de transitoriedad.

El presidente ha comparecido al término de la reunión del Consejo y ha explicado que cada uno de los cuatro recursos (que han recibido el aval previo del Consejo de Estado) era "obligado" y conlleva una petición de nulidad y notificación a los principales implicados, advirtiéndoles del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que tenga como objetivo organizar ese referéndum.





Entre ellos, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos sus consejeros, así como a los 947 alcaldes de Cataluña.

A los responsables de la Generalitat se ha dirigido para pedirles que no sigan avanzando "hacia el precipicio institucional" y que asuman su fracaso en vez de intentar imponer "a las bravas" su proyecto, así como para advertirles de que no deben menospreciar la fuerza de la democracia española.

Para Rajoy, la "perversión antidemocrática" que supone el referéndum ilegal "rompería la soberanía nacional, liquidaría la convivencia pacífica y acabaría con el autogobierno de Cataluña" y, ante ello, garantiza que la consulta no se va a celebrar y que él seguirá defendiendo los derechos de todos los españoles, entre ellos los de los catalanes.

"Soy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del momento. Soy muy consciente de lo que está en juego. Sé lo que se espera de mí y sé cuáles son mis obligaciones", ha explicado antes de garantizar que hará todo lo necesario, "sin renunciar a nada", para evitar que se "liquide de un plumazo el modelo de convivencia".




Y ha añadido: " Nadie va a vacilar a la hora de cumplir con su deber. La democracia responderá, no tengan la menor duda. Lo hará con firmeza, con aplomo, con serenidad y con dignidad".

El jefe del Gobierno, quien ha subrayado que "lo que no es legal no es democrático", ha considerado que los defensores de la consulta pretenden imponerla de forma "atropellada, chapucera e ilegal".

" No sigan dividiendo a la sociedad catalana, dejen de acosar a los discrepantes y respeten los derechos de la gente. Dejen de poner las instituciones a su propio servicio. Les pido -ha añadido- que abandonen ya esa escalada de ilegalidad, de crispación y de autoritarismo, porque el Estado de Derecho no se va a plegar a sus bravatas ni a sus ilegalidades".

Democráticamente "deplorable"


A su juicio, la práctica parlamentaria vigente desde la restauración de la democracia "saltó ayer por los aires" ante "el estupor, la preocupación y el sonrojo de todos".

"Probablemente, nadie pudo imaginar jamás que asistiríamos a un espectáculo tan democráticamente deplorable", ha añadido antes de concluir que el "cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades" sólo es producto de "la obstinación de unos políticos por imponer a la fuerza su proyecto de ruptura a la sociedad".

En esa línea, ha proseguido: " En España se puede ser independentista. Lo que no se puede hacer, y no se hará, al menos mientras yo sea presidente del Gobierno, es pasar por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo".

Considera Rajoy que lo que se está viendo "tiene menos que ver con una demanda soberanista y más con un problema de l ibertades individuales y derechos fundamentales".

El presidente del Gobierno ha precisado que la Constitución no es una ley perpetua y que todos sus preceptos pueden ser modificados pero mediante las reglas previstas para ello.

Ha explicado que, al recurrir ante el TC las decisiones adoptadas ayer en Cataluña, está defendiendo también el autogobierno de este territorio, ya que afirma que se le ataca cuando se arremete contra la Constitución o contra el Estatuto o cuando existe un "desprecio sistemático" de los dictámenes y advertencias de instituciones propias como el Consell de Garantías Estatutarias.




Pero ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todos los españoles y, en particular a los ciudadanos y funcionarios catalanes, porque "nadie les puede obligar a hacer nada ilegal".

Rajoy ha agradecido igualmente la disposición y lealtad de los partidos que defienden el orden constitucional, en referencia al PSOE y Ciudadanos.

Antes de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno se ha reunido en la Moncloa con el líder socialista, Pedro Sánchez, y por la tarde lo ha hecho con el de Ciudadanos, Albert Rivera.

A ambos ha explicado las medidas adoptadas para hacer frente a las decisiones de los independentistas catalanes y de los dos ha recibido el respaldo para seguir actuando en defensa de la Constitución.

El Consejo de Estado ve inconstitucional el 1-O



El Consejo de Estado considera que la ley de referéndum aprobada ayer por el Parlament es inconstitucional "en grado máximo" y también subraya que la convocatoria de la consulta infringe igualmente la Carta Magna porque es competencia exclusiva del Estado.

Así consta en los dictámenes redactados por el máximo órgano consultivo del Estado en los que encuentra fundamentos jurídicos para los recursos del Gobierno al Tribunal Constitucional contra todas las resoluciones para convocar el referéndum.

En el dictamen sobre la ley del referéndum, el Consejo de Estado advierte de que el Parlament "carece de toda competencia" para regular y convocarlo, porque dicha convocatoria debe ser autorizada por el Estado y regulada por las Cortes Generales.

Además considera que el procedimiento por el que ayer se aprobó esta norma "vulneró el derecho fundamental de participación política" que se recogen tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía catalán.

El dictamen sobre la convocatoria del referéndum señala que el decreto de la Generalitat incurre en los mismos "vicios" apreciados con la ley aprobada por el Parlament, y en concreto cita la vulneración de los artículos de la Constitución que dan al Estado la competencia exclusiva para autorizar la consulta.
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