29 de julio de 2016
29.07.2016
Desafío soberanista

El Gobierno abre la vía penal contra Carme Forcadell

El Ejecutivo ha enviado la petición al Constitucional por desobediencia de la presidenta del Parlament

01.08.2016 | 19:35
El Gobierno abre la vía penal contra Carme Forcadell

El Gobierno ha pedido hoy al Tribunal Constitucional (TC) que remita a la Fiscalía por un delito de desobediencia la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lo que supone abrir la vía penal ante "el desafío institucional" que entiende que se está produciendo en Cataluña.

Es uno de los puntos del incidente de ejecución que la Abogacía del Estado ha presentado hoy mismo ante el alto tribunal, cuyo pleno se reunirá el próximo lunes para decidir qué medidas adopta ante el "desacato" de la sentencia y del auto que anulan el llamado proceso de desconexión aprobado por el Parlament.

La Abogacía argumenta que la resolución de la Cámara catalana del pasado miércoles contiene como principal novedad la concreción de un "verdadero plan para conseguir la secesión de España".

El Govern ha contestado por medio de la consellera de Presidencia, Neus Munté, quien ha tildado de "inadmisible" la "amenaza" del Gobierno, y acto seguido, ha asegurado que la Generalitat "no se moverá" de la hoja de ruta soberanista que se ha marcado.

El mismo miércoles, tras conocer la aprobación en el Parlament de las conclusiones de un dictamen sobre el proceso constituyente, lo que significa marcar la vía hacia la independencia, el Gobierno avanzó que hoy estudiaría en Consejo de Ministros qué plantear en un nuevo incidente de ejecución.

Tras el Consejo de Ministros de este viernes, Sáenz de Santamaría ha explicado que la presidenta del Parlament ha podido incurrir ya en un delito por desacato de una sentencia y un auto del Constitucional, y por ese "caso omiso" el Gobierno pide al tribunal que remita a la Fiscalía las actuaciones de desobediencia para que resuelva si hay que actuar por la vía penal.

Ante la relevancia de la posición del Gobierno, ante este "desafío institucional y desacato al Constitucional", en palabras de la vicepresidenta, Mariano Rajoy se ha puesto en contacto hoy con los líderes del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos para explicarles el contenido del incidente de ejecución.

Un texto que consta de tres puntos esenciales, en los que el Gobierno pide al TC que declare nulo y sin efecto jurídico la resolución del Parlament, su suspensión inmediata y la adopción de las medidas oportunas para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia y del auto del alto tribunal.

Dentro de este último aspecto, el Gobierno solicita al TC que se dirija a Forcadell y al resto de los integrantes de la Mesa del Parlament para que se abstengan de "la realización de cualquier actuación tendente a dar cumplimiento" a la resolución impugnada.

Tampoco podrán convocar aquellos órganos que propicien la continuación de lo que se ha denominado "proceso de desconexión".

Según ha indicado la vicepresidenta, se pide al alto tribunal que haga el mismo requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno.

En el incidente se advierte de que el incumplimiento de las decisiones del Constitucional puede conllevar sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros, la suspensión de funciones por tiempo indeterminado e incluso la apertura de la vía penal. Para Sáenz de Santamaría, la actuación del Gobierno circula por una "vía razonable y proporcional".

Sentencia que anulaba el proceso de desconexión

Ha precisado la vicepresidenta que el posible delito de Forcadell tiene que ver con desobedecer una sentencia del TC del 2 de diciembre de 2015, en la que anulaba el llamado proceso de desconexión.

Y con desobedecer un auto del alto tribunal, de hace poco más de una semana, en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC.

Por ello, la resolución del Parlament sobre la vía unilateral hacia la independencia "no es sólo un desafío institucional; es un desacato al Tribunal Constitucional", ha remarcado la vicepresidenta, para quien se trata de "una vulneración flagrante del Estado de derecho".

A su juicio, además, la decisión del Parlament significa que se coloca "a una institución por encima de la voluntad democrática" de la nación española, que está situada en la Constitución y en su "máximo intérprete", que es el Tribunal Constitucional.

Un proceso penal

Además, el Gobierno ha advertido al Tribunal Constitucional de que la decisión del Parlamento y del Gobierno de Cataluña de incumplir sus resoluciones no puede saldarse, en este caso, "con una mera declaración de nulidad" del texto.

"En esta ocasión, las medidas a adoptar no pueden limitarse a una mera declaración de nulidad de la resolución impugnada", dice la Abogacía del Estado en su incidente de ejecución registrado este viernes ante el TC.

El Ejecutivo considera "preciso" para salvaguardar la autoridad del tribunal y el Estado de Derecho, que se advierta formal y personalmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su Gobierno y a la presidenta del Parlament, la Mesa y su secretario de que si incumplen lo dispuesto por el TC pueden enfrentarse a la apertura un proceso penal.

El escrito de la Abogacía califica la resolución como "un acto de frontal desacato y manifiesto incumplimiento" a la Constitución y avisa de que tanto el Parlamento catalán como la Generalitat constituyen "instancias llamadas a poner en marcha el proceso secesionista".

Los servicios jurídicos del Estado se hacen eco del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que, fruto de una reforma aprobada en octubre del pasado año, establecen los mecanismos que permiten al Tribunal velar por el cumplimiento de sus decisiones.

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