09 de junio de 2016
09.06.2016
Inmigración

España vulnera los derechos de los menores que llegan al país

Un total de 145 bebés y niños pequeños arribaron en patera en 2014 y se les ha perdido el rastro

10.06.2016 | 03:03
Un niño refugiado pide ´ayuda´.

El Estado español vulnera "por acción u omisión" los derechos de los niños que llegan a su territorio, ya sean refugiados, víctimas de trata o desplazados sin compañía de un adulto, porque "antepone su condición de inmigrantes a la de ser menores de edad" incurriendo en "contradicciones" entre sus prácticas de Extranjería y sus obligaciones para con la infancia: "Se olvida de que son niños y sólo ve migrantes que saltan vallas y cruzan fronteras".

Así se desprende del informe de Save The Children 'Infancias Invisibles' presentado este jueves por el director general de la ONG en España, Andrés Conde; y su responsable de Relaciones Institucionales, Almudena Escorial; quienes han incidido en que "el Estado español no está cumpliendo plena ni satisfactoriamente con sus obligaciones legales respecto a estos grupos" de niños especialmente vulnerables.

"En España, las vidas de las niñas y niños víctimas de trata, refugiados y menores extranjeros no acompañados están repletas de violaciones de derechos, desprotección y agravios procedentes de las propias leyes o, sobre todo, de cómo se aplican", denuncia el trabajo.

Niñas amenazadas y agredidas en España

Sobre las víctimas de trata, el informe incide en que en España hay niñas que han sido traficadas y son explotadas sexualmente y "aunque se anuncien cada día en los periódicos" y se las vea por las calles, "permanecen sin ser identificadas". "La policía localizó a 17 niñas en 2014. Sin embargo, se calcula que en nuestro país hay unas 45.000 víctimas entre adultas y menores de edad", destaca Escorial.

El informe señala que cuando son encontradas "no se las protege adecuadamente porque no existen recursos especializados para víctimas de trata menores de edad", que son "amenazadas y agredidas" sin que España cuente con mecanismos para llegar hasta ellas ni centros de acogida específicos para protegerlas. Pone el ejemplo de Evelyn, que entró en patera y al cabo de una semana en un centro de menores, desapareció.

"No se las aleja de las garras de los explotadores, que saben dónde están y sólo tienen que reactivar sus mecanismos de control para volver a explotarlas. Algunas de estas mujeres y niñas tienen hijos e hijas, afectados por cómo son explotadas sus madres, y totalmente invisibles para la Administración", denuncia.

Escorial incide en que estos son los niños más invisibles "y no están en el radar de nadie" porque "no se están abriendo expedientes de riesgo de estos menores" como los 145 bebés y niños pequeños que llegaron en patera en 2014 y de los que "no se sabe el paradero" aunque es un hecho que "son utilizados para controlar a sus madres", explotadas en cualquier rincón de Europa.

Niños en un limbo

Respecto a los menores que llegan solos, concluye que mientras el Estado tiene la obligación de proteger, "hay niños que no son tutelados, viven en la calle y sobreviven como pueden", como Samuel, que teniendo un pasaporte oficial válido, fue sometido a unas pruebas de determinación de la edad que le dieron por adulto. Cumple 18 en diciembre.

Estos chicos "están en un limbo", dice Save The Children, porque "España les considera mayores de edad únicamente para negarles la protección, pero para el resto del mundo su pasaporte, en el que dice que son niños, es válido" así que necesitan de un tutor legal para ejercer cualquier derecho.

Sin él, no pueden recibir educación alguna o titularse, trabajar, o iniciar ningún tipo de trámite administrativo, como empadronarse u obtener la tarjeta sanitaria. "Por no poder, no pueden, ni aunque tuviesen dinero, reservar una habitación de hotel", dice el informe.

"No sabemos cuántos niños viven en este limbo en España. La Administración les aboca a depender de redes informales de ayuda, a vivir de la mendicidad, de hurtos menores, o de la prostitución; a vivir en la calle y muchas veces extorsionados por redes criminales", añade el trabajo de Save The Children. En Melilla dice que entre 20 y 60 menores duermen en la calle.

A los que sí son tutelados por las comunidades autónomas, que ascendieron a 3.660 en 2014 tras subir un 30% en comparación con 2013, se les facilita según Save The Children "una educación deficiente" y no pueden trabajar en las mismas condiciones que los españoles mayores de 16 años. "Al cumplir los 18 años se les abandona a su suerte sin apoyos y en muchas ocasiones sin haber recibido la documentación a la que tienen derecho", denuncia la ONG.

Infancia sin refugio

Por último, sobre la infancia refugiada, el trabajo afirma que la bienvenida que se hace de estos niños "no está a la altura". Recuerda que 3.754 niños y niñas solicitaron asilo en España en 2015 y pese a ello, "el sistema no está adaptado a las necesidades" ni de los menores ni de sus familias. Al cabo del año, había 16.000 expedientes pendientes de resolución.

Para Save The Children, "el sistema trata a cada uno estos colectivos de niñas y niños en primer lugar como inmigrantes, y después, como niños y niñas, olvidando, de nuevo, que necesitan y tienen derecho a un trato distinto a los adultos, basado en su especial vulnerabilidad como menores de edad". La prueba está, según afirma, en que quienes deciden sobre estos niños no son las administraciones dedicadas a la infancia, sino las responsables de asuntos migratorios.

Falta voluntad y con ella, faltan medios

La organización atribuye la situación a "la falta de voluntad política para cumplir de forma prioritaria" con la protección de estos niños, pues "en muchas ocasiones, el paso que va de la protección al más absoluto de los abandonos viene marcado por decisiones de instituciones y Administraciones que se cruzan en la vida de estos niños y niñas".

Acusa que en consecuencia, falta personal especializado en infancia capaz de identificar estas situaciones, así como faltan recursos para atender a las necesidades específicas de estos niños y "garantizar sus derechos", algo que según la ONG, España "no debería permitirse".

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