Caso Rato

Rodrigo Rato descodificado

El juez cita de nuevo al exministro tras haber interrogado a sus más estrechos colaboradores y reforzado los indicios de enriquecimiento ilícito y fraude

06.10.2015 | 10:44

La última vez que Rodrigo Rato estuvo ante el juez, el 22 de julio, el exvicepresidente del Gobierno y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), se negó a contestar a las preguntas del magistrado Antonio Serrano-Arnal sobre su patrimonio, alegando que ignoraba qué hechos concretos se le atribuían, aquellos que habían llevado a la Fiscalía a actuar contra él por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales y a otro juez a autorizar la detención del también expresidente de Bankia mientras se registraba su casa y su despacho el 17 de abril.

Rato volverá este martes ante Serrano-Arnal, después de que la investigación haya avanzado en la identificación de nuevos indicios delictivos en el patrimonio del gijonés, incluidos lo que puedan haber aportado los testimonios de dos de las personas que más cerca han estado de Rato y de su ovillo societario durante décadas: su secretaria, Teresa Arellano, y Miguel Ángel Montero Quevedo, un colaborador que ha figurado como administrador en decenas de las empresas que forman parte de la presunta trama.

Las indagaciones de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude y de la Guardia Civil y el trabajo instructor del juez Serrano-Arnal han avanzando en la descodificación de la red de sociedades que supuestamente ha utilizado Rato para desviar sus ingresos, evitar o minimizar sus obligaciones tributarias, canalizar dinero procedente del cobro de comisiones ilícitas y blanquear el producto de tales prácticas.

La estructura societaria ligada a Rato y algunos de sus familiares (su exmujer, Ángeles Alarcó, y sus hijos han figurado como administradores en alguna de las empresas) tiene la apariencia de aquellas que se utilizan para mover dinero opaco: ramificaciones en paraísos fiscales, sociedades pantalla con testaferros al frente que hacen muy complejo conocer quién es el propietario real e ingeniería contable para cubrir con una pátina de legalidad mercantil los movimientos de dinero entre las distintas empresas.

Conforme a lo que ha trascendido de la instrucción, la lupa de Hacienda se fijó en el patrimonio de Rato después de que el exministro, responsable Hacienda durante el primer mandato de José María Aznar, se acogiera a la amnistía fiscal del PP. Fue entonces cuando reconoció ante la Agencia Tributaria que es suya Vivaway, una sociedad creada en 2001, con domicilio en Londres y gestionada desde distintos paraísos fiscales (Islas del Canal y Gribraltar, entre ellos). Vivaway es a su vez propietaria de la sociedad limitada Kradonara 2001, domiciliada en Madrid y cuya sede fue registrada también en abril. Rato tuvo al frente de Kradonara a una sociedad instrumental vinculada al despacho del abogado Domingo Plaza, otro de sus colaboradores muy cercanos y que también ha sido imputado e interrogado. En febrero de este año, Rato colocó a su secretaria como administradora única, cargo en el que aparece él mismo desde mayo.

Esta sociedad y su matriz internacional y opaca Vivaway están en el corazón de la madeja de empresas. Y el seguimiento de Kradonara ha sido capital para destapar uno de los nuevos delitos que se imputan a Rato: el cobro de comisiones ilegales, la llamada corrupción entre particulares, castigada por el Código Penal desde 2010 con entre seis meses y cuatro años de cárcel. Es la versión privada del cohecho del político o del funcionario.

El pasado agosto, el juez que investiga el patrimonio de Rato mandó a prisión preventiva a Alberto Portuondo, pieza clave en el caso de las comisiones ilícitas por las que el exministro responderá ante el juez el martes. Portuondo es un empresario del ámbito de la publicidad y con residencia en México. Los investigadores han acreditado que su sociedad Albisa Inversiones recibió en 2011 y 2012 algo más de dos millones de euros de las agencias de publicidad Zenith Media y Publicis Comunicación. Tales pagos se facturaron como trabajos de asesoramiento, pero las pesquisas indican que el dinero corresponde a la intermediación que Portuondo hizo ante Rato, cuando era presidente de Bankia, para que el banco adjudicara contratos de publicidad por más de 50 millones a Zenith y Publicis. Supuestamente, Rato y Portuondo actuaron concertados para cobrar las comisiones. El exministro lo habría hecho a través de Kradonara, que recibió algo más de 835.000 euros de Albisa en pagos mensuales de 40.000 euros. Portuondo ha declarado ante el juez que pagó a Kradonara por supuestas labores de asesoramiento "verbal".

Las indagaciones sobre Vivaway y Kradonara y el casi medio centenar de empresas que conforman la estructura societaria de la familia Rato han permitido identificar flujos sospechosos de dinero procedentes del extranjero. En ocho años, Kradonara recibió 6,5 millones de euros de otros países. Vivaway es el vehículo que frecuentemente canalizó ese dinero, por el que presuntamente Rato no tributó en España o al menos no por completo. ¿Cuál era el origen de esos fondos? En algunos informes de la investigación se habla de un origen desconocido, pero se sospecha que, para sortear sus obligaciones tributarias, Rato transfería ingresos de sus actividades -por ejemplo, los correspondientes a colaboraciones con bancos internacionales tras su salida del FMI o lo que facturaba por conferencias- a Vivaway, que luego los derivaba hacia otras sociedades (la propia Kradonara o la empresa Bagerpleta, a través de la que el exministro participa en un hotel de Berlín).

¿Hasta cuándo se remontan ese tipo de prácticas? Las investigaciones no han determinado aún o al menos no ha trascendido si el ovillo societario de Rodrigo Rato funcionaba con los mismos propósitos mientras él fue "superministro" económico del PP (1998-2004). Entonces, la secretaria Teresa Arellano y Miguel Ángel Montero Quevedo, considerado por la Guardia Civil uno de los principales testaferros de Rato, ya trabajaban muy estrechamente con él. Ambos están libres, aunque imputados por los mismos delitos del exministro. El juez Serrano-Arnal habrá de decidir a partir del martes si, con los nuevos indicios contra Rodrigo Rato, le mantiene libre o le envía a prisión provisional en este tiempo preelectoral.

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