Consulta alternativa del 9N

Investigan si el Govern incurrió en varios delitos

El juez que rechazó retirar las urnas del 9N ha abierto diligencias contra la vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña por informar del 9N y ha encargado a los Mossos un atestado sobre la votación y sobre sus responsables

10.11.2014 | 08:20

El juez de Barcelona que ha rechazado retirar las urnas del 9N cree que el gobierno catalán podría haber incurrido en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, pero no los ciudadanos que ejercen su derecho a "reunión, manifestación y libre expresión de opiniones".

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, en funciones de guardia, ha admitido a trámite la denuncia presentada por UPyD, un concejal del PP de Esplugues (Barcelona) y la xenófoba PxC y ha encargado a los Mossos un atestado sobre la votación de hoy y sobre sus responsables.

El juez, que ha rechazado por desproporcionado ordenar la retirada de urnas que pedían los denunciantes, considera que la votación del 9N podría acarrear delitos de "desobediencia a la autoridad judicial por parte de funcionario administrativo, prevaricación y malversación de caudales públicos".

De esos delitos, en opinión del magistrado, serían responsables "las autoridades que actuaren contraviniendo lo dispuesto por la resolución del Tribunal Constitucional" y extenderse "al resto de personas que tienen la condición de funcionarios públicos en cuanto a las actuaciones que fueran contrarias a lo dispuesto" por el TC.

Sin embargo, el juez entiende que "ahí acaban las responsabilidades penales", sin que los actos de votación, participación ciudadana o como quiera denominarse a los actos de canalización de la voluntad popular puedan ser considerados delictivos "en lo que respecta al ciudadano, que es libre de expresar su opinión cuando desde los poderes públicos se les convoca y se facilita que lo haga".

Para el juez, debe quedar "claramente diferenciado las conductas de trascendencia penal desde el punto de vista de las personas responsables de los delitos que se hubieran cometido, de lo que es el hecho en sí mismo de la expresión de la voluntad popular, del derecho de reunión y manifestación y de la libre expresión del sentimiento u opinión de los ciudadanos en relación a cualquier cuestión que afecte a sus intereses como colectivo".

"El sustrato político y de normativa constitucional que evidentemente late bajo estos hechos no corresponde solucionarlo a los tribunales de la jurisdicción penal ordinaria y menos por la vía de urgencia", prosigue el auto.

Respecto a las medidas cautelares solicitadas, el juez recuerda que no consta que la "parte legítima" haya solicitado el auxilio jurisdiccional ni que el TC se haya dirigido a la jurisdicción ordinaria para reclamarlo, por lo que en su opinión "no parece proporcional" que se acuerden de urgencia.

En opinión del magistrado, la cuestión de fondo que plantean las denuncias es "competencia única y exclusiva del TC" y, en todo caso, correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Diligencias contra Ortega

El mismo juez ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por la formación Plataforma X Catalunya contra la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, por comparecer públicamente para informar de los datos de participación del 9N.

Según han informado fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, en funciones de guardia, ha acordado abrir diligencias por la denuncia contra Ortega, por lo que la investigación seguirá la tramitación habitual, sin que se haya acordado ninguna medida cautelar.

La denuncia de PXC, presentada en la tarde del domingo en los juzgados, pedía al juez que ordenara a los Mossos d'Esquadra conminar a Ortega a desistir de comparecer para informar de la jornada de participación del 9N y solicitaba que, en caso de que esta se negara a hacerlo, fuera detenida.

Responsabilidades penales

La Fiscalía, por su parte, continúa recabando datos dentro de la investigación abierta por el proceso participativo para determinar la posible concurrencia de responsabilidades penales y, en su caso, ejercer las oportunas acciones legales.

Así lo ha dado a conocer la Fiscalía General del Estado al término de la jornada del 9 de noviembre.

La Fiscalía abrió ayer diligencias para determinar si la cesión de locales públicos para la celebración del proceso participativo era constitutiva de delito.

En el marco de esas investigaciones, pidió a la Generalitat que aclarase si ordenó ceder escuelas para el 9N y a los Mossos d'Esquadra que identifiquen a los responsables de la apertura de locales públicos usados como puntos de votación.

También solicitó a la Guardia Civil apoyo para localizar al responsable de la empresa Unipost, que ha distribuido la propaganda relacionada con el 9N.

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