Caso Pretoria. Aún debe resolverse el acercamiento de los presos a una cárcel catalana
OTR/PRESS. MADRID.
Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, ha rechazado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la puesta en libertad de los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU) Macià alavedra y Lluís Prenafeta, imputados en la presunta trama de corrupción urbanística Pretoria. Los abogados defensores habían hecho esta petición dada la avanzada edad de ambos, más de 70 años, y el escaso riesgo de destrucción de pruebas.
El magistrado resolverá en los próximos días sobre otra petición de la defensa relativa al acercamiento de ambos a una prisión de Cataluña. La decisión sobre estos imputados estaba pendiente de resolver desde el pasado día 16, cuando la Fiscalía Anticorrupción informó en contra de la puesta en libertad de ambos imputados, que alegaban precisar atención farmacológica específica.
Por su parte, el Ministerio Público objetó que esta causa no justificaría una excarcelación, por lo que, de no resolver en su favor la Sala, ante la que están pendientes los recursos contra el auto de, los dos ex altos cargos seguirán en prisión imputados de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencia.
Estos ex altos cargos llevan en régimen de prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de octubre junto con el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Bartomeu Muñoz (PSC), el ex concejal de urbanismo de la localidad, Manuel Dobarco, y el ex diputado socialista Luis Andrés García, imputados por el mismo caso.
Tal y como se detalla en el autor dictado por Garzón contra todos ellos, los ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por cinco operaciones urbanísticas desarrolladas por la presunta trama de corrupción desmantelada por la ´Operación Pretoria´. Para Garzón esto justifica la medida de prisión provisional para el presunto ´cerebro´ de la trama, el ex diputado del PSC Luis García, y los otro cuatro imputados sobre los que también pesa esta medida cautelar.
Los nueve imputados hasta el momento formaban un "grupo organizado de personas" dirigido por García, al que Garzón cita como "consejero de facto o en la sombra", que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García.
La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán".
Igualmente, se están investigando posibles irregularidades en otras actuaciones del Ayuntamiento de Santa Coloma, Ferrán y varios proyectos de guarderías, así como toda la desviación de fondos de cohesión europea y pagos por la obtención del contrato de limpieza a Limasa.
En todos los casos ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos. Según Garzón, los dos ex altos cargos de CiU habrían recibido al menos 637.590 euros por su mediación en las operaciones ´Niesma´ y ´Badalona´. Tanto Prenafeta como Alavedra aprovechaban sus contactos en organismo oficiales para favorecer las actividades de Luis Casamitjana y su empresa Espais, que procedía al "lavado (blanqueo)" de dinero y les pagaba comisiones por sus servicios.
