ALBERTO MAGRO. PALMA.
El Estado español no pagó el rescate del Alakrana. O eso dice el ministro Caamaño, que en una declaración que generó tanta estupefacción como risas cómplices, negó que el Gobierno haya cedido a la extorsión corsaria. Lo hizo con un ejercicio de contorsionismo lingüístico y cintura jurídica que le llevó a resumir el episodio con una de las frases más crípticas que se han escuchado durante la crisis de los piratas: "España como país no ha pagado rescate". ¿Significa eso que el dinero no ha salido de las arcas del Estado? Pues no, ni mucho menos. La frase de Caamaño parece apuntar simplemente a que el Gobierno no ha sido el responsable directo de entregar el dinero. El Gobierno no paga rescates, solo pone el dinero. ¿Es tan importante el matiz? A efectos jurídicos (y a juzgar por la reacción de Caamaño, también políticos), sí.
Lo aclara el abogado mallorquín experto en Derecho Internacional Joan Francesc Thomàs, que recuerda casos previos en los que la entrega del dinero público la efectúo alguien ajeno al Gobierno (el armador, un familiar de la víctima o incluso un mediador), aunque los billetes salieron de los fondos reservados del Ministerio de Interior. "El Estado no puede reconocer que ha pagado una extorsión", abunda Thomàs, subrayando que la ley española considera que el pago de un rescate es un delito imputable. Y hay precedentes. En la misma Audiencia Nacional que ahora investiga el secuestro del Alakrana el juez Garzón ha procesado a familiares de secuestrados por ETA después de que pagasen a la banda para liberar a sus allegados.
El Código Penal provoca así que dos de las cabezas del Estado se devoren entre sí: por una parte, el Gobierno negocia y aporta dinero de fondos reservados –sin entregarlo directamente–, y por otra, los tribunales persiguen a quienes pagan ese rescate. "Es un cacao", resume Thomàs, que hace hincapié en la dificultad de investigar casos así. "Los fondos reservados –que en teoría no se pueden usar para rescates– no generan facturas ni aparecen en los presupuestos", recalca este experto en Derecho Internacional, bregado en disputas similares a la generada por el ataque pirata.
Y en el "cacao" jurídico se multiplican las dudas. También el contorsionismo dialéctico de los políticos, que no basta para ocultar los hechos. Porque si España no pagó el rescate de los piratas (directa o indirectamente), "¿qué hacía el embajador de Kenia desplazado a Somalia tras el ataque acompañado de un agente de los servicios de inteligencia españoles?", se pregunta Thomas, que aunque sabe que el CNI suele estar detrás de estos pagos, prefiere no aventurar ninguna respuesta, ni siquiera la aparentemente obvia. Y no es para menos: al fin y al cabo, en este caso, algo blanco y en botella no es leche, sino cacao.
