JOSÉ CAVERO
La presente fase de distensión que en los últimos días atraviesa el caso Alakrana, tras las comparecencias del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y del jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante los familiares de los tripulantes y pescadores del atunero vasco, es probable que vuelva a romperse tras las informaciones más recientes. Primera, la revelación que hace la propia Audiencia, según la cual ningún juez reclamó competencias sobre los dos piratas capturados en el esquife de los corsarios que retienen a los marineros españoles.
El Gobierno se ha visto en la necesidad de reconocer que, en efecto, la decisión de traerlos a nuestro país para juzgarlos aquí y según las leyes españolas, fue decidida por la llamada célula de coordinación que integran la vicepresidenta De la Vega, los ministros de Exteriores, Defensa, Medio Marino, el director del CNI y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Termina de este modo la controversia de si había sido decisión de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía o del juez Garzón. El juez, en efecto, actuó ya como respuesta a la denuncia de la Abogacía del Estado.
Segunda aclaración del día sobre esta papeleta de difícil y embarullada solución: el juez Pedraz, encargado del caso en la Audiencia, ha resuelto no retirar la imputación de asociación ilícita que pesa sobre el ´pirata joven´, Abdu Willy, que le había reclamado el defensor de ese joven. Cabe recordar que el delito de asociación ilícita, por el que se decretó su ingreso en prisión provisional, excluye de forma automática la posibilidad de que a los piratas se les pudiese sustituir una pena inferior a seis años por la expulsión del territorio nacional. Pedraz añadió que los hechos objeto de imputación final, se fijarán en el momento procesal oportuno, una vez concluya la investigación de los hechos.
El abogado de Abdu Willy que, por cierto, reconoce que inició su carrera con el problemático Rodríguez Menéndez se propone ahora presentar un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción en el que pide que se determine el punto geográfico exacto en el que fue detenido su defendido y que se solicite la bandera que enarbolaba el barco secuestrado. Al parecer, se insiste, el Alakrana únicamente portaba una bandera del País Vasco.
¿Y ahora? El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha vuelto a hacer un llamamiento a la prudencia, porque dijo que la liberación de los rehenes es una cuestión de seguridad de la que todos somos responsables. E insistió en que el Ejecutivo está trabajando para solucionar el conflicto lo antes posible, dentro de los cauces legales. Por su parte, el ya famoso abogado de Willy, Francisco Javier Díaz Aparicio, está a la espera de que el fiscal se ponga en contacto con él para llegar a un acuerdo. Y en caso de que no se produjera ese intento de acuerdo, la defensa entenderá que el Estado no quiere ninguna negociación y se plantearía un juicio con toda la batería de discusión que cabe en un proceso como éste. Es decir, amenaza con un juicio largo, justamente lo que resulta menos adecuado y conveniente para los rehenes, sus familiares y el Gobierno. Lo sabe Díaz Aparicio y jugará con la urgencia que requiere el caso. Pero no podrá ser antes de que el juez Pedraz termine la tramitación del sumario y decida las penas que se puedan imponer a los reos. La negociación podría llegar entonces... Y hasta entonces, el Gobierno insistirá en el mensaje que repiten Zapatero, De la Vega, Chacón, Moratinos, Espinosa o Caamaño: prudencia y silencio, porque las palabras podrían poner en riesgo la vida de los rehenes del pesquero.
