EFE. MADRID.
El Consejo de Ministros aprobó ayer para su envío a las Cortes el proyecto de ley de Reforma del Código Penal que endurece las penas para delitos de corrupción, abusos sexuales a menores o terrorismo con el fin de "lograr un claro equilibrio entre la gravedad de la pena y el delito". Así lo dijo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
En este proyecto se han recogido algunas de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en sus respectivos informes expusieron algunas críticas al proyecto.
En concreto, la reforma establece una serie de medidas de control extraordinarias para terroristas y delincuentes sexuales -especialmente pederastas-, entre las que se incluye un periodo de libertad vigilada de 10 años revisable una vez que hayan cumplido su condena.
El anteproyecto que fue enviado al CGPJ contemplaba para esa libertad vigilada un periodo de 20 años y el órgano de gobierno de los jueces considero que era de "difícil justificación". Otra de las novedades de la reforma es la sustitución de la pena de cárcel para los delitos de venta de material audiovisual ilegal, el conocido como ´top manta´, por penas alternativas de trabajo a la comunidad.
