FERMÍN BOCOS
Cuarenta días después, el caso del secuestro del atunero Alakrana, sigue encallado. Descartada la solución militar y empantanada la judicial, la vía diplomática se perfila como única salida. Lo cual es tanto como decir que habrá que pagar el rescate y rezar para que los piratas no añadan al secuestro el crimen, sí, como parece, se va a demorar el retorno de los filibusteros encarcelados en Madrid. El asunto es complejo porque siendo comprensible la exigencia de las familias –piden la vuelta a Somalia de los dos piratas y que se pague el rescate–, el Gobierno que, en principio, podría satisfacer la segunda de las peticiones, no puede atender la segunda. O podría hacerlo con notable quebranto del Estado de derecho cuya piedra angular es la separación de poderes. Se ha dicho que sin acusación de la Fiscalía (órgano que jerárquicamente depende del Gobierno), no habría juicio, y, en consecuencia, los piratas podrían ser puestos en libertad, pero para esta solución se ha pasado ya el arroz porque si Baltasar Garzón reclamó a los piratas fue precisamente a instancias de la propia Fiscalía.
Así las cosas, se abre la hipótesis de un juicio rápido y un eventual traslado a Somalia para que "cumplan" allí la condena. Sin olvidar, claro está el pago del rescate. Que vuelvan sanos y salvos los marineros del Alakrana es la prioridad. Después habría que preguntarse sí no habría que caer sobre ellos "a la francesa", para recuperar el dinero y quitarles para siempre las ganas de volver a las andadas. Claro que Zapatero no es Sarkozy y no parece que esté por la labor de cambiar la sintonía de fondo de su programa de la alianza de civilizaciones y decir nunca mais a los piratas.
