EFE. BARCELONA.
Los dos ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, encarcelados por su presunta vinculación con la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña, adjuntarán al recurso contra su ingreso en prisión copias de facturas para demostrar la legalidad de las comisiones que cobraron.
Según informaron fuentes judiciales, la defensa de los dos imputados ha pedido al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso las copias de las facturas, incautadas por la Guardia Civil, correspondientes a los cobros que Alavedra y Prenafeta habrían recibido como comisión por intermediar en varias operaciones urbanísticas investigadas. La defensa pretende adjuntar esos recibos al recurso que ha presentado ante la Audiencia Nacional para pedir la libertad provisional de Alavedra y Prenafeta, a quienes el juez Garzón mandó a la cárcel acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Santa Coloma
En otro orden de cosas, el PSOE forzó anteayer la retirada de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que otorgaba 400.000 euros al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) para la biblioteca del barrio del Fondo, ya que la investigación del caso Pretoria sobre presunta corrupción en la localidad afecta a las inversiones públicas en dicho barrio.
Cuando la Comisión de Presupuestos del Congreso se disponía a votar el dictamen correspondiente a la sección del Ministerio de Cultura, el portavoz del PSOE, Francisco Fernández Marugán, solicitó que se sacase del mismo la enmienda relativa a la citada localidad barcelonesa, una petición que fue aprobada por el resto de grupos. Para el juez, Alavedra y Prenafeta, que ocuparon altos cargos en los gobiernos de Jordi Pujol, "despliegan en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus ´clientes' o empresas a ellos vinculadas y percibiendo las cantidades correspondientes". Para la defensa, el cobro de esas comisiones no es delictivo y obedece a su labor de intermediación en operaciones de compraventa, por lo que es "congruente" con las reglas del mercado inmobiliario.
