EFE. BARCELONA.
El Ayuntamiento de Arenys de Munt invocó ayer ante la jueza su derecho a apoyar políticamente la "legítima" convocatoria ciudadana de un referéndum de autodeterminación y advirtió de que si se prohíbe la consulta habrá una "reacción en cadena" en otros municipios.
El letrado del consistorio, el ex conseller de ICV Salvador Milà, defendió la legalidad del acuerdo municipal que daba apoyo al referéndum, después de que el Juzgado Contencioso-Administrativo 14 de Barcelona lo suspendiera a raíz de un recurso presentado por la Abogacía del Estado. En su alegato, el abogado aseguró que, independientemente de la decisión judicial, la plataforma que promueve el referéndum de Arenys lo mantendrá el próximo domingo y que su prohibición no hará más que provocar una "reacción en cadena" con iniciativas similares en otros municipios catalanes.
Ante lo que ella misma tildó de "amenaza", la jueza avisó entonces al abogado de que todas las entidades y personas están obligadas a colaborar para hacer cumplir la ley.
En una intervención poco habitual en una sala, que justificó por la presencia de "un público no experto", la magistrada afirmó que, pese a que "la carga emocional que tiene la materia es válida", el asunto en liza es "estrictamente jurídico".
En la vista, en la que sólo el consistorio expuso sus alegatos porque los de la Abogacía del Estado están recogidos en el recurso, Milà consideró que en este caso se ha producido "un malentendido" en la interpretación de un acuerdo municipal que era un simple "apoyo político a una legítima reivindicación ciudadana".
De hecho, insistió, el Ayuntamiento no convoca la consulta, ni facilita el censo municipal ni personal del consistorio para su celebración, sino que se limita a dar apoyo "político e ideológico" a la reivindicación de los organizadores y a cederles una sala polivalente donde habitualmente se celebran todo tipo de actos ciudadanos.