Los bares con fotos de etarras no tendrán que cerrar tras retirar las imágenes

EFE. MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco desestimó ayer la petición del fiscal de cerrar temporalmente los dos bares de Pamplona en los que sus encargadas y dueños se negaron a retirar las fotos de miembros de ETA que se exhibían en los locales, porque fueron retiradas días después.
No obstante, el juez mantiene la imputación por un delito de enaltecimiento del terrorismo –castigado con hasta dos años de cárcel– para la camarera y el propietario del bar Zurgai, Izaskun Goñi Juárez y Daniel Burgos Monreal, y para la encargada del bar Ezpala, Ainhoa Oroz Torrea, y su dueño Antonio Echalecuz. Velasco adoptó esta decisión en un auto después de que el fiscal Miguel Ángel Carballo retirara la petición del cierre temporal del bar Ezpala como medida cautelar pero no la de clausurar la del Zurgai, para el que pedía un cierre de al menos tres meses. El magistrado entiende que, aunque la exhibición de esa fotos constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo, en el caso del bar Zurgai "se desprende que los implicados han retirado voluntaria y conscientemente la referidas fotografías" por lo que considera que ya no cabe adoptar la medida cautelar solicitada.
En su auto, el juez explica que el 4 de agosto la Guardia Civil se personó en el Zurgai para pedir la retirada de "unas quince fotografías de miembros de la organización" terrorista ETA, a lo que se negaron los imputados. Por ello, el fiscal solicitó el miércoles la comparecencia de los responsables del local como imputados por un delito de desobediencia grave –delito que ya no se les imputa– y de enaltecimiento del terrorismo y pidió el cierre cautelar del establecimiento, petición que ayer mantuvo porque, según fuentes jurídicas, tras retirar las fotos pusieron en su lugar siluetas de las imágenes antes expuestas.
El dueño y la encargada alegaron que las fotografías eran de "presos políticos" y que fueron retiradas días después. Por su parte, la camarera del Ezpala explicó que cuando el 4 de agosto la Guardia Civil le requirió que quitara las fotos, ella les comunicó que antes de hacerlo debía decírselo a los propietarios –que se encontraban de vacaciones fuera de España–, lo que hizo el 6 de agosto, día en el que las retiraron. Para Velasco, "la colocación de carteles con la fotografía de diversos presos de ETA en un establecimiento de acceso público como es un bar, constituye un delito de enaltecimiento" porque su exhibición "en lugares muy visibles del local (...) no puede tener otro fin que el de recordar la acción por la que son encomiados por quien los coloca o por quien, siendo responsable del mismo, no los retira". Esto supone "una clara promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y en la paz de la comunidad con esos actos criminales, a la vez que un escarnio a sus víctimas que, de esta forma, vuelven a recordar (...) los actos reprobados causados por aquellos".