La Policía Nacional detuvo ayer a los dueños de Cárnicas Luis, la empresa del polígono Son Bugadelles de Santa Ponça registrada el martes, por un presunto delito contra la salud pública y otro contra los derechos de los trabajadores. También fue intervenida una partida de carne caducada y en mal estado.

Los propietarios de la empresa cárnica familiar de Santa Ponça investigada fueron citados ayer para que comparecieran en la Jefatura de Policía de Balears, en la calle Simó Ballester de Palma. Los cuatro fueron detenidos tras las graves irregularidades detectadas en su firma. Al carecer de antecedentes, la familia quedó en libertad con cargos.

Agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Policía Nacional inspeccionaron en la mañana del martes las instalaciones de la empresa cárnica situada en la calle Mar Mediterráneo del Polígono Son Bugadelles, en Santa Ponça. Los investigadores encontraron una partida de unos 50 kilos de carne caducadapartida de unos 50 kilos de carne caducada, que fue inmovilizada.

La investigación policial, en estrecha colaboración con la Dirección General de Salud Pública del Govern, se inició a raíz de la denuncia interpuesta por extrabajadores de la empresa. Además de la precariedad laboral a la que estaban sometidos, los exempleados hicieron constar la mala praxis en el tratamiento de los alimentos. No se respetaba la cadena del frío y mucha carne estaba caducada. Las irregularidades eran especialmente alarmantes en la carne picada.

Se da la circunstancia de que Cárnicas Luis es uno de los grandes mayoristas de carne de Mallorca. La empresa abastece a numerosos restaurantes y hoteles de la isla. También la vende directamente al consumidor en sus establecimientos. De hecho, en los últimos meses habían ampliado sus instalaciones para albergar lo que denominaban un "salón gourmet". El objetivo a priori era que se convirtiera en un comedor "selecto" para degustar algunos de sus productos.

Al recibir las denuncias por la supuesta venta de carne en mal estado, una inspección conjunta de los investigadores de la UCRIF de la Policía Nacional y de funcionarios de la Dirección de Salud Pública en diciembre del pasado año detectó numerosas irregularidades. Entre otras, la actuación concluyó que no se respetaba la cadena del frío y la fecha de caducidad había sido alterada en algunos casos.

Además los expertos comprobaron que en muchos productos cárnicos no se podía determinar la trazabilidad de los alimentos. Este hecho supone un riesgo evidente para el consumidor.

Precedente inmediato

Esta actuación policial se efectuó algo más tarde de un mes después de que se hubiera desmantelado en Marratxí otra empresa cárnica por múltiples irregularidades. Su propietario y su más próximo colaborador fueron detenidos también por delitos contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores, además de otros delitos contra la Seguridad Social o de falsedad documental. Cárnicas Vicente abastecía a colegios, restaurantes y hoteles. Un total de 50 toneladas fueron inmovilizadas y sus instalaciones fueron precintadas.

Muchos de los exempleados denunciaron entonces a los investigadores de la UCRIF que eran obligados a trabajar en jornadas laborales interminables de hasta 60 horas semanales. Los trabajadores no tenían derecho a pagas extra y en algunos casos tampoco a vacaciones. Además debían costearse ellos los cuchillos y los guantes metálicos para el corte de carne.

A raíz de esta denuncia, los investigadores detectaron graves deficiencias sanitarias en sus productos. Buena prueba de ello es que hallaron jamones cubiertos de moho y la carne picada mezclada con vísceras de otros animales. Un análisis encargado por una empresa que compró sus productos cárnicos detectó salmonela.