El Estado no ve atisbo de inconstitucionalidad en la Disposición Transitoria 14 de la Ley de Urbanismo de Baleares, que legaliza la situación de determinados establecimientos de la familia Matutes en la Platja d'en Bossa, concretamente hoteles y discotecas. La disposición transitoria, conocida popularmente como 'enmienda Matutes', fue introducida por el PSIB en el redactado de la Ley de Urbanismo y dividió al Pacte, ya que tuvo que aprobarse con los votos del PP. Podemos y Més votaron en contra al considerar que se hacía una norma con 'nombres y apellidos', mientras que El Pi y Cs se abstuvieron.
El Gobierno central ha revisado la ley balear y ha elaborado una lista de artículos, doce en total y una disposición transitoria, que considera invaden competencias del Estado o directamente son inconstitucionales. Por este motivo ha iniciado el trámite para forzar un acuerdo con el ejecutivo balear y evitar así un recurso de inconstitucionalidad. El Estado discute, a grandes rasgos, la regulación en cuanto a la evaluación ambiental estratégica y a las expropiaciones que hace la norma.
Uno de los artículos que Madrid considera inconstitucional es el 132, que permite a la administración expropiar terrenos 'por razones urbanísticas'. La norma se refiere a casos concretos como la obligatoriedad de ceder porciones de suelo por parte de un promotor para uso público. El Estado no ve con buenos ojos que ni siquiera estando obligado a ceder espacio, el promotor pueda ver cómo se le expropia. Fuentes jurídicas se han sorprendido de que algunos preceptos que podrían haberse considerado más "arriesgados" no han sido cuestionados por el Ejecutivo central y, por contra, sí que se ha planteado "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias" en relación a artículos que no se preveían conflictivos. No ha sorprendido, en cambio, que Madrid discuta los artículos que hacen referencia a las expropiaciones.
Desde la Agencia de Protección del Territorio se congratularon del hecho de que la Administración del Estado no haya objetado sobre ninguno de los artículos de la Ley de Urbanismo de Baleares referido a la disciplina urbanística. Los servicios jurídicos del Estado "suelen ser muy estrictos" a la hora de valorar la constitucionalidad de las leyes autonómicas, apuntillaron ayer desde su cuenta de twitter. Entre algunas de las medidas introducidas por la ley está la publicación del nombre y apellidos de los infractores en materia de disciplina urbanística, o la prohibición de que a partir del 1 de enero las viviendas ilegales se puedan dar de alta para destinarse al alquiler vacacional.
Disposición polémica
El conseller Marc Pons afirmó públicamente que la disposición transitoria que tuvo que aprobar con el PP no tendría otro efecto que el deseado en la zona propiedad de Matutes. Pero los grupos ecologistas y diversos expertos en materia territorial advirtieron de que el redactado abría la puerta a que se reactivaran diferentes proyectos, ya que se afirmaba que aquellos suelos que dispongan de servicios -agua, alcantarillado, electricidad- y estén urbanizados en un 90%, podrán convertirse en urbanos al revisarse el plan municipal. La compañera de partido Mercedes Garrido, consellera insular de Territorio, parece que no se creyó el argumento de Pons. El Consell temió que hubiera otros terrenos en la isla que reunieran las condiciones que dibujaba la disposición e inició el redactado de un reglamento para mitigar el impacto en Mallorca de la polémica disposición Matutes.
De hecho, por lo menos ya se ha reactivado parte de un proyecto urbanístico específicamente gracias a la disposición Matutes. Se trata de una promoción de chalés unifamiliares en Cala Domingos, en Manacor.
