La "guerra de los lodos" nos demuestra lo caro que sale cuidar el medio ambiente, la descoordinación entre las distintas administraciones y la cruda realidad de que siempre los mismos, los ciudadanos, acaban pagando el pato.
Una Administración no puede crear una nueva tasa o impuesto en una materia donde no tiene competencias y tampoco cuando ese gravamen se solapa con otro ya existente. Si ya se cobra el canon de saneamiento no parece muy lógico fraccionar este y sacar de la chistera una nueva tarifa de lodos, para paliar el déficit de la empresa privada que gestiona la incineración de residuos.
"El canon de saneamiento de aguas es un impuesto propio de la comunidad autónoma de las Illes Balears cuya recaudación se destinará íntegramente, deducidos los costes de gestión, a la financiación de las actuaciones de política hidráulica que sean competencia del Gobierno de las Illes Balears", explica la Agencia Tributaria insular. O sea, que como alegan el Govern y los Ayuntamientos de Palma, Calvià y Alcúdia, el dinero de los contribuyentes ha de servir para sufragar los costes del proceso de depuración de aguas residuales, incluida la destrucción de los lodos. El sobrante ha de ser destinado a mejorar la obsoleta y saturada red de depuradoras y adoptar otros proyectos para mejorar el medio ambiente. Si los costes de la depuración suben, menos fondos quedan para otras iniciativas beneficiosas para la naturaleza y de rebote para la economía insular, basada en las playas y los paisajes atractivos.
El Govern del Pacte, en una iniciativa loable, ha implantado la ecotasa como una pequeña penitencia que pagan los turistas por su daño (inconsciente) al medio ambiente de unas islas al borde del colapso.
No es hora de discutir entre los gestores de las basuras, las aguas sucias o el tráfico de automóviles. Es el momento de coordinarse para, con los pocos medios de que se disponen, evitar el gran atasco de unas islas cada vez más explotadas.
