El Ministerio de Hacienda envió ayer un documento al Govern en el que indicaba la posibilidad de que las mejoras retributivas aprobadas en mesas sectoriales de Educación con posterioridad a 27 de junio de 2017 queden sin efecto y especificaron que esta medida "no se aplicaría si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", según explicó el Ejecutivo autonómico.

La directora general de Personal Docente del Govern balear, Rafaela Sánchez, informó ayer a los sindicatos de Educación de este documento que "hace una referencia concreta al personal docente y podría afectar a todos los convenios y acuerdos que tengan repercusiones salariales". Según detalló, entre los acuerdos que se podrían ver afectados se encuentran los complementos de jefe de departamento y de tutoría, la recuperación de la paga extra o el pago del verano a los interinos con más de cinco meses y medio, entre otros.

Sánchez explicó que "ahora se tiene que ver a qué afectará exactamente" ya que, tal como explicó, "el documento pide al Govern que Hacienda haga un estudio sobre los conceptos que se verían afectados".

Así, señaló que "esto supone un ataque a la autonomía de la comunidad y a los acuerdos que se han tomado en las mesas sectoriales de todo el personal docente, tanto de la pública como la concertada". La directora explicó además que el Ministerio condiciona esta medida a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "No se puede jugar con el colectivo docente por cuestiones políticas", sentenció.

Reacciones

Las reacciones al anuncio del Govern no tardaron en darse, la Junta de Personal Docente no Universitario (JPDnU) consideró el documento enviado por el ministerio que encabeza Cristóbal Montoro "un ataque directo al autogibierno de las Illes Balears, a la soberanía de las mesas sectoriales y a los acuerdos a los que se ha llegado en las diferentes mesas", señaló en un comunicado.

Explicó además que consideraba la medida una manera de presionar por parte del Partido Popular "utilizando a los docentes como moneda de cambio para sus intereses políticos".

La JPDnU aseguró que, en caso de materializarse estas amenazas, "se reserva el derecho a emprender las acciones contundentes y unitarias coordinadas que considere oportunas".