La Universitat de les Illes Balears (UIB) hizo pública una nota en la que se mostraba favorable a que se depuren, si es menester, las responsabilidades de el profesor Pablo Escribá, en la vía administrativa por el caso Minerval.

La UIB está personada como acusación particular y recurrió, junto a la fiscalía, el primer auto de archivo del juez Enrique Morell, donde se rechazaba que Escribá hubiera estafado a pacientes y sus familias con la venta de un fármaco muy caro para curar el cáncer.

La institución académica se congratuló de que, por dos veces, se haya descartado judicialmente la estafa, "lo que es importante para las familias y por la alarma social que se creó en su momento".

La UIB mantiene que tras un año de investigaciones judiciales y los dos archivos "es posible abordar los hechos con más objetividad".

La Universitat resaltó que su meta en este caso siempre ha sido "llegar a las últimas consecuencias porque, independientemente de que haya o no sanciones administrativas, hemos de velar por las buenas prácticas y la integridad de la comunidad científica", para lo que ha creado una comisión de integridad académica.