El magistrado Enrique Morell archivó ayer, a petición de la fiscal Concha Ariño, el caso Minerval para Pablo Escribá, el investigador de la UIB que comercializó durante años dicho medicamento contra el cáncer y cuya venta no está autorizada. El juez no ha hallado indicios de que Escribá se hubiera lucrado personalmente con la venta de ese fármaco experimental o de que lo hubiera facilitado a enfermos a precios muy superiores a los que él pagaba a los laboratorios. Morell derivó el caso a la vía administrativa, donde al científico le pueden caer multas de hasta un millón de euros.

El auto de archivo ordena deducir testimonio (informar) a la conselleria de Salud por si el también catedrático de Biología ha cometido alguna infracción administrativa contra la Ley del Medicamento al vender un producto no autorizado. En vía administrativa, Escribá se enfrenta a sanciones de varios cientos de miles de euros si se demuestra que facilitó el Minerval a enfermos de cáncer o a sus familiares sin la debida autorización.

Morell archivó por primera vez las diligencias en septiembre del año pasado al estimar que no había indicios de que Escribá, y otros investigados, entre ellos el también catedrático de la UIB Xavier Busquets, hubieran estafado a enfermos de cáncer o a sus familiares al venderles, a un precio muy elevado, un medicamento experimental que curaba dicha enfermedad.

Fundación Marathon

El instructor determinó que el único de los imputados que había comercializado el ácido 2-hidroxioléico (el Minerval) era Escribá, pero rechazó que éste engañara a los compradores.

La fiscal se opuso a ese archivo y lo apeló ante la Audiencia, esgrimiendo una serie de datos que avalaban la tesis de la estafa. La sección segunda confirmó el criterio del magistrado, pero pidió que se investigara si en la venta, hecha a través de la Fundación Marathon, una entidad para promover la investigación en biomedicina y vinculada a Escribá, se podía haber perpetrado otra estafa.

Enrique Morell reabrió el caso y pidió a Escribá las cuentas de Marathon, que fueron revisadas por la fiscal sin hallar indicios delictivos. En su primer auto de archivo, Morell destacaba que es una infracción muy grave la puesta en el mercado de medicamentos no autorizados.