José Ramón Cerdá, el que fuera director del Instituto de Estudis Balearics, ha negado esta mañana al juez que se hubiera producido un fraccionamiento de contratos para beneficiar al exjefe de campaña, Jaime Garau.

Cerdá ha sido el primero de los antiguos altos cargos del partido nacionalista que ha declarado como imputado ante el juez Enrique Morell en relación a dos estudios que encargó su departamento a una empresa de Garau. Uno de los trabajos se refería a un estudio sobre el impacto económico de la cultura en Balears y los hábitos del consumo cultural en las islas.

El exalto cargo de Més, que ha dicho que se sintió injustamente cesado de su cargo como consecuencia de este escándalo, aseguro esta mañana que estos dos contratos eran independiente entre ellos, rechazando la versión de la fiscalía, que considera que se fraccionó los contratos para beneficiar a Garau.

El expolítico ha asegurado que no conocía que la empresa elegida para realizar estos estudios estuviera relacionada con el exjefe de campaña. Sin embargo, quitó importancia a este detalle, dado que consideró que la empresa de Garau "era seria y experta en este tipo de estudios". Cerdá ha explicado que, de las tres ofertas presentadas, se eligió la oferta más económica. La decisión de elegir la empresa se adoptó desde la dirección general de Cultura, si bien señaló que él también había participado en esta elección. Sobre si conocía personalmente a Garau y por eso se le benefició con estos contratos a dedo, Cerdá ha aclarado que no tenía ningún tipo de relación personal con el exjefe de campaña de Més y ha dicho que solo había coincidido con él en una única ocasión.

Esta mañana también está citada a declarar por los mismos contratos y en calidad de investigada la exconsellera de Cultura, Ruth Mateu y después lo hará el exdirector general de Cultura, Jaume Gomila. Ambos están acusados por la fiscalía Anticorrupción de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Las declaraciones continuarán mañana con la presencia ante el juez de Pere Muñoz, ex director de la agencia de Turismo de Balers y el propio Garau, que defenderá la legalidad de sus contrataciones, por las qu obtuvo unos ingresos de 120.000 euros (únicamente por las que cuestiona la fiscalía), dinero obtenido desde las consellerias gobernadas por el partido político Mes.