El Gobierno británico ha decidido poner límites a la sangría provocada por los turistas que simulaban haber contraído enfermedades en sus vacaciones con el propósito de conseguirlas 'gratis total'. El ministerio de Justicia modificó ayer la normativa, que entrará en vigor durante las próximas semanas, que encorsetará las cantidades que puede reclamar cada viajero por las supuestas dolencias contraídas, acabando así con la "laguna legal", en palabras el ejecutivo británico, que solo en 2017 provocó en Mallorca reclamaciones por valor de 50 millones de euros.
Los hoteleros de Balears y de otros destinos habían puesto el grito en el cielo por la creciente cantidad de casos de reclamaciones que les trasladaban los touroperadores en nombre de sus respectivos clientes. La estratagema siempre era similar: aportar datos de supuestas enfermedades, algunas incluso con partes médicos, para obtener el reembolso del coste de las vacaciones.
Reclamar por una intoxicación cuando esta no se ha producido es "fraude", apuntó el ministro de Justicia, Rory Steward, recogido a través de un comunicado. Asimismo, señaló que estas prácticas "dañan la industria turística" y "se corre el riesgo de que se aumenten los precios para los turistas". De hecho, Steward aseguró que "según la industria turística, ha habido un aumento substancial de las reclamaciones, algunas se estima que han crecido hasta el 500% en los últimos años". Esta práctica fraudulenta podría tener consecuencias en los precios de los paquetes turísticos, un extremo que el Gobierno de Theresa May querría evitar.
Para ayudar a resolver este problema, los ministros solicitaron al Comité de Reglamentación de Procedimientos Civiles, que es responsable de establecer las normas sobre costos legales, que estudiasen la presentación de reclamaciones de vacaciones para establecer un régimen de costes fijos recuperables. Esto significaría que los operadores turísticos pagarían los costos preestablecido en función del valor de la reclamación y la duración de los procedimientos, lo que haría "predecibles los costes de defensa y ayudaría a los operadores turísticos a impugnar reclamaciones falsas".
Investigación judicial
El timo de la Operación Claims habría provocado pérdidas de más de 60 millones de euros a los hoteleros en toda España entre 2013 y 2016. En la causa están personados como acusaciones la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y Hoteles Meliá. Las estafas afectaron a hoteles de la zona norte, especialmente Alcúdia y a otras localidades como Calvià.
El caso que investiga las reclamaciones por intoxicaciones ficticias a hoteles fue asumido por el juzgado de instrucción número 2 de Palma el verano pasado.
