"Ustedes tienen un máster en la venta de productos falsificados", abrió la veda el conseller de Trabajo y Comercio, Iago Negueruela, a una pregunta sobre venta ambulante y productos falsificados con la que el PP sirvió en bandeja al conseller socialista meter baza en la polémica de Cifuentes.
Los consellers del PSIB aconsejaron másters e incluso se apuntaron ellos a otros. La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, fue de las que recomendó. "¿Regla de gasto? Usted tendría que hacer un máster sobre Regla de gasto", replicó la responsable de las finanzas del Govern al diputado Antoni Camps. Mientras, el conseller de Educación, Martí March, fue de los que se apuntó a uno. "Haré un máster en Educación, pero de los serios", respondió March a la diputada del PP Núria Riera, que le acusó de no saber nada de Educación.
El PP cayó en la trampa, entró al trapo y dio cancha al Govern. "Cuando acabe la legislatura usted habrá hecho un máster en hacer crítica y no encontrar soluciones", le replicó al conseller Negueruela el diputado Santiago Tadeo, que acusó al Govern de inacción en la lucha contra la venta ambulante, en otra asistencia al conseller de Trabajo: "Yo no tengo máster, sólo una licenciatura y mis oposiciones, no como ustedes que sacan másters como churros", arrancó el conseller los aplausos de su bancada.
Insistió el PP en querer dar respuesta: "No sé si el Govern tiene máster o no, pero han hecho un máster en perseguir y prohibir y lo han suspendido", lanzó el diputado del PP, José Manuel Lafuente, cuando la polémica ya parecía olvidada en el pleno. "No se cómo tiene la vergüenza de hablar hoy aquí de másters", remató la consellera de Presidencia, Pilar Costa.
Violencia de género
Por otro lado, el pleno del Parlament aprobó exigir al Gobierno central dotar presupuestariamente el Pacto contra la Violencia de Género y trasladar a las comunidades autónomas los fondos para reforzar la prevención de la violencia. Este punto formaba parte de la Proposición de los partidos del Pacto de impulso a la agenda feminista, que contó con el respaldo unánime del pleno salvo en la exigencia presupuestaria al Gobierno central, en la que el PP se abstuvo después de que PSIB, Podemos y Més rechazaran la enmienda por la que los populares vinculaban estos fondos a la aprobación de los presupuestos generales presentados por el Gobierno central.
La enmienda del PP instaba a los grupos del Congreso a "negociar unos presupuestos generales del Estado que posibiliten una dotación económica suficiente" para el Pacto contra la Violencia de Genero". El Pacto acuso al PP de "hacer chantaje" con esta cuestión para lograr apoyos a los presupuestos del Gobierno central, los que fue negado por los populares.
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