Al final, será el matadero de Palma quien llevará ante la Justicia al Ayuntamiento de Palma. La empresa adjudicataria del servicio cárnico, Escorxador i Serveis Càrnics S.L., reclama a Cort 85.000 euros de su subvención de 2015 que considera que no se abonó debidamente. El contencioso administrativo llega varios meses después de que el consistorio desbloqueara la ayuda ante la amenaza de cierre del adjudicatario.
El pasado mes de febrero, el empresario del matadero, Joan Pocoví, comunicó a la concejalía de Sanidad y Consumo del ayuntamiento, de quien depende la infraestructura cárnica, la presentación del contencioso "al considerar que le corresponde una cantidad superior a la que se le ha abonado por este concepto".
Cort desbloqueó el pasado mes de octubre la subvención al matadero que mantenía en suspenso desde que este diario informara de facturas ficticias intervenidas por Hacienda en el matadero. El consistorio decidió paralizar las ayudas a la espera de una investigación interna que se resolvió favorablemente para el empresario cárnico Joan Pocoví, que gestiona el matadero desde que en 2013 quebrara la pública CarnIlla. Mientras se resolvió, el adjudicatario mantuvo en el aire la continuidad del servicio, del que depende el 60 por ciento del sector ganadero de la isla, con amenazas de paralizar su actividad a finales de noviembre y dinamitar la campaña de lechona de Navidad.
Un año de polémica
Pese a desbloquearse la tramitación de la ayuda de 2017 y abonarse 355.000 euros de 2016, el empresario Pocoví mantuvo la reclamación de 85.000 euros de la ayuda correspondiente a 2015. Ahora, la disputa llega a los tribunales, donde el empresario Pocoví reclamará a Cort por la vía contencioso administrativa esos 85.000 euros.
La pugna judicial llega, precisamente, en el momento en el en que otros de los cuatro mataderos en activo de la isla, el de Manacor, cierra sus instalaciones por deficiencias sanitarias. Precisamente, el matadero de Palma también fue objeto el viernes pasado de una inspección sanitaria por parte del Govern, según informaron ayer fuentes del Ayuntamiento de Palma. La inspección detectó deficiencias por la ausencia de una toma de agua caliente, obligatoria por ley para este tipo de instalación, que no funcionaba. Sólo la presencia de otra toma, que sí funcionaba, evitó el cierre de la instalación cárnica por Sanidad.
Cabe recordar que desde que este diario informó de las actuaciones de Hacienda en las inmediaciones del matadero a finales del pasado 2016, la empresa adjudicataria ha estado envuelta por la polémica. Además del tira y afloja con el ayuntamiento por la subvención, la concesionaria mantiene abierto un litigio con antiguos matarifes de la instalación. Los extrabajadores denunciaron primero al empresario Pocoví por mantenerles supuestamente como falsos autónomos y, segundo, por despido improcedente, a raíz de la demanda. También llevaron al empresario a inspección de Trabajo por las condiciones laborales en la instalación.
Pocoví tiene la adjudicación del matadero de Palma desde 2013, cuando la quiebra de la empresa pública CarnIlla que lo gestionaba, puso en peligro la continuidad de la actividad de las instalaciones. Para su mantenimiento, el Ayuntamiento de Palma mantiene una subvención a cinco años, financiada en un 45 por ciento por el Govern, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, para sufragar las pérdidas. La empresa ha recibido en los últimos ejercicios cerca de un millón de euros de las administraciones.
