La Agencia Tributaria va a intensificar a partir del mes que viene los controles que aplica sobre el alquiler turístico, en una campaña que tiene una especial incidencia en Balears, según señaló ayer el delegado de este organismo en las islas, Arnau Cañellas.
Al respecto, se indicó que a partir de mayo se pondrán en marcha las visitas presenciales que el personal de Inspección desarrolla durante la temporada alta para detectar alquileres no declarados, especialmente intensas en zonas turísticas como las islas, en una actuación en la que se colabora con las conselleries de Turismo y de Hacienda.
Pero además, Cañellas recordó que a partir del 1 de julio los intermediarios, como plataformas de internet e inmobiliarias, están obligados a aportar a la Agencia Tributaria toda la información sobre los alquileres vacacionales en los que participan, como identificar el inmueble, al propietario del mismo o a quien disponga de derechos sobre él, al inquilino, y aportar el importe de las rentas que se obtienen, entre otros. En este caso, la información que se obtenga servirá para detectar posibles alquileres no declarados a la propia Agencia, pero estos datos no podrán ser facilitados a la conselleria de Turismo debido a la exigencia de confidencialidad.
Datos de todo el año
El delegado territorial señaló que aunque esta obligación entrará en vigor el 1 de julio, a lo largo de lo que queda de año estos intermediarios deberán aportar también todos estos datos con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero.
La entrega de esta información se limitará a los alquileres de temporada, es decir, quedan excluidos los datos relacionados con los alquileres a largo plazo regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Aunque estas plataformas de internet suelen tener su sede en el extranjero, Arnau Cañellas insistió en que los datos deben de presentarse en relación a cualquier inmueble situado en España dedicado al alquiler turístico, y recordó que vulnerar esta obligación conlleva sanciones económicas. Además, subrayó la intensa colaboración que existe entre las administraciones tributarias de los diferentes países de la Unión Europea para perseguir incumplimientos de este tipo.
En cualquier caso, Arnau Cañellas destacó que los controles que se han venido realizando durante los últimos años han servido, aunque sea por miedo, para elevar la concienciación respecto a la obligatoriedad de comunicar estos ingresos, lo que está derivando en un aumento de los propietarios que los declaran y pagan los correspondientes impuestos.
