La semana próxima se celebrará en la Audiencia de Palma un juicio por un nuevo caso de corrupción relacionado directamente con Unió Mallorquina. Cinco personas se sentarán en el banquillo. Dos de ellas son dos conocidos empresarios, que han alcanzado un acuerdo con la fiscalía, próximos al partido, hasta el extremo de que se dedicaron a contratar a personal de UM a cambio de contratos públicos. Los otros tres acusados son antiguos altos cargos de UM que fueron colocados en puestos de responsabilidad en el Consell.
Los acusados están negociando un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción y todo parece indicar que se pactarán las penas. Si la negociación fracasara, y se tuviera que celebrar el juicio, se ha solicitado la presencia como testigo de Maria Antònia Munar, que recibió la citación judicial en prisión.
Según el escrito de acusación, los hechos se inician en el año 2007, antes de la celebración de las elecciones. Los dos empresarios, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer, acordaron con los políticos de UM, Francesc Buils y Miquel Nadal, distraer el dinero público. El método era iniciar un negociado sin publicidad y manipular la contratación de un proyecto que no tenía el más mínimo interés. La fiscalía asegura que la finalidad de este contrato era beneficiar a la productora Video U, empresa en la que tenían acciones, y por tanto eran propietarios, tanto Munar como Nadal. Debido a que esta empresa no tenía la cualificación para ser contratada se utilizó la sociedad de estos dos empresarios, próximos a UM, para amañar este expediente.
El objetivo de la contratación era realizar un vídeo promocional de Mallorca, que se iba a mostrar en las pantallas del aeropuerto de Son Sant Joan. Este mismo proyecto ya se había realizado años antes.
El Consell de Mallorca impulsó esta contratación, invitando a varias empresas para que presentaran las correspondientes ofertas. Las tres interesadas eran empresas controladas por los acusados.
En el escrito de acusación se describe que los cargos políticos del Consell realizaron la tramitación de este contrato amañado, conscientes de que se trataba de una ilegalidad.
Para realizar el trabajo se utilizaron imágenes previamente filmadas. Es decir, la empresa, que tenía que realizar varios vídeos promocionales, no hizo el trabajo para el que fue contratado y por el que cobró 22.000 euros. Una alto cargo del Consell firmó la entrega, según el contrato, de las grabaciones. La mayoría de vídeos acordados en el contrato nunca se realizaron. Solo se entregaron siete de los 13 vídeos previstos en su oferta económica. Además, eran mucho menos de lo que indicaba el contrato.
Los dos empresarios, para los que se reclama una pena de dos años de prisión, fueron de los primeros arrepentidos y confesaron ante la fiscalía que se habían beneficiado de contratos amañados, gracias a su estrecha relación con Unió Mallorquina. Devolvieron la mayor parte del dinero público que habían recibido. Ambos ya han sido condenados por otro contrato similar. La fiscalía les reconoce la atenuante de confesión.
Para los otros tres acusados, cargos que fueron elegidos por UM, se enfrentan cada uno de ellos a cinco años de prisión por graves delitos.
