El grave problema de la violencia de género es una lacra social, una carencia de la relación humana y una desestructuración familiar que se traduce en rupturas, lesiones y, lo que es peor, un goteo perenne de pérdida de vidas.
El Gobierno ha vestido su discurso de constantes promesas de defensa de la igualdad y lucha contra la violencia machista. Era verborrea, lo cual, vista la gravedad de la materia en cuestión, es particularmente ofensivo y alarmante. Hechos cantan. En los presupuestos del Estado presentados esta semana solo se han incluido 80 de los 200 millones comprometidos para este apartado.
En Palma se plasma, tristemente, el mejor testimonio de las palabras huecas que nunca llevan a la solución efectiva. Un juzgado de violencia doméstica arroja la toalla por falta de plantilla y los juzgados de instrucción se ven forzados a cubrir sus turnos de guardia. El Govern clama por una solución inmediata y el ministro Catalá sale por la tangente con la promesa de personal interino y deseos de compensación a los funcionarios de carrera de los juzgados de Violencia.
Es el intento de mejorar la fachada exterior de la casa desangelada. El titular de Justicia calla que los bolsines de interinos están prácticamente vacíos en Balearslos bolsines de interinos están prácticamente vacíos en Balears y que los funcionarios emigran de los juzgados de violencia derrotados por la impotencia de la falta de medios y una organización que en nada responde a la problemática urgente que se debe afrontar.
