Aunque los jueces ni siquiera se han podido pronunciar sobre el fondo de esta polémica, la conselleria de Trabajo ya adoptó las medidas sancionadoras correspondientes contra la compañía aérea Iberia por exigir a las aspirantes a ocupar un puesto de trabajo a que se sometieran a una prueba de embarazo. El Govern le impuso una sanción económica de 25.000 euros por una infracción muy grave vinculada a una evidente discriminación por motivos de sexo. La compañía alegó que este test de embarazo se exigía a todas las mujeres aspirantes a entrar en la empresa y en toda España. La justificación esgrimida es que en el caso de confirmarse el embarazo, a estas candidatas se les aplicaría, al incorporarse al trabajo, un protocolo de salud laboral fijado para estos casos y destinado a evitar labores que pudieran conllevar un riesgo, como es el que una auxiliar de vuelo deje de prestar servicio en aviones durante ese periodo. Esta excusa no convenció a la conselleria.