La futura ley balear de atención y derechos de la infancia y adolescencia obligará a que sean los ayuntamientos, y no los consells insulars como ocurre hasta ahora, los responsables de llevar a cabo las declaraciones de riesgo de un menor, así como todas las actuaciones materiales, técnicas y jurídicas que se derivan de esta declaración, según explicó ayer la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, en la presentación del anteproyecto de Ley. Para ello está previsto que entre el próximo año y 2020 se incorporen 85 profesionales a los equipos territoriales de intervención de nueva creación, entre psicólogos, educadores, integradores sociales y abogados.
Santiago recordó que Balears es una excepción en este sentido ya que es la única Comunidad en la que la misma administración se encarga de todo el proceso, desde las declaraciones de riesgo a las tutelas. Con este cambio, la normativa será más "garantista" con las familias, según aseguró la consellera, ya que serán estos 85 profesionales los encargados de la declaración de riesgo y las medidas de prevención. La futura Ley contempla la creación de una nueva figura de ámbito municipal, la Comisión de Declaración de Riesgo, que deberá existir en todos los municipios y que será la encargada de valorar las declaraciones de riesgo y las propuestas de proyecto de intervención social y educativo familiar.
El texto de la nueva normativa autonómica para la protección de menores ha sido consensuado entre Govern y Consells y presentado a los ayuntamientos de las islas, así como al Consell d'Infància i Familia de Balears. La próxima semana saldrá a exposición pública para la presentación de alegaciones con la intención de que el Govern apruebe el proyecto en mayo y remitirlo al Parlament para que la Cámara balear le de el visto bueno definitivo. En la práctica su entrada en vigor se producirá el próximo año, por lo que la inversión necesaria para las medidas que contempla, entre ellas la de la contratación de los 85 profesionales, se incluirán en los presupuestos del Govern para 2019.
El anteproyecto se adecua a la normativa estatal aprobada en 2015 y recoge, actualiza e incorpora el reconocimiento de los nuevos derechos de los menores de las islas, entre ellos el derecho a la no discriminación, a conocer sus orígenes, a tener un nivel básico de bienestar, a decidir sobre la maternidad y a la formación. En total, según precisó Santiago, consta de 260 artículos que desarrollan los apartados de nuevos derechos, las actuaciones ante las situaciones de desamparo del menor, los procedimientos a seguir para las medidas judiciales, los órganos de participación y las adopciones, además de un régimen sancionador.
Junto a ello, se creará un registro unificado de maltratos infantiles ya que "por primera vez en Balears, cualquier profesional que por su trabajo detecte posible maltrato infantil estará obligado a informar" para incluirlo en este registro, una obligación que afectará a médicos, psicólogos, policías o cualquier profesional que por su actividad laboral intervenga en cualquier episodio con menores.
Registro
También se pondrá en marcha un registro personalizado de quienes trabajan en el ámbito de la protección de menores, muchos de los cuales se encuentran en una situación de "desamparo" ya que, por ejemplo, al acudir a denunciar un caso "tienen que dar su nombre, apellidos y dirección, es decir, sus datos personales", resaltó Santiago. Con la futura Ley, estos profesionales tendrán "un carnet que será el que utilicen para cualquier acto relacionado con su trabajo".
La consellera recordó que el pasado año hubo "entre 900 y 1.100 jóvenes en situación de tutela" en Balears, de acuerdo con los datos de los consells insulars. En el caso de Mallorca, el Institut d'Afers Socials (IMAS) cerró el pasado año con 899 niños y jóvenes menores de 18 años bajo su tutela, como informó DIARIO de MALLORCA en su edición del lunes. A lo largo de 2017, el IMAS tramitó 174 nuevas tutelas de menores en riesgo de desprotección o desamparo. Santiago precisó ayer que el 60 por ciento de los casos tratados en Mallorca son de declaración de riesgo, que es el primer paso para realizar un seguimiento exhaustivo del menor.
