Los 82 controladores de Balears acusados por el caos aéreo de 2010 realizaron en la mañana de ayer el último pago de las indemnizaciones acordadas a los perjudicados, que ascienden en conjunto a 15 millones de euros, y la mayoría se adherirá a un pacto con la Fiscalía por el que reconocerán un delito de abandono de funciones públicas y asumirán una multa para evitar ir a juicio.
La indemnización acordada es de 1.000 euros por perjudicado por los daños morales más el daño material, que ya han sido cobradas o consignadas en el juzgado para su recepción.
Así lo confirmaron fuentes del sindicato de controladores aéreos USCA, que estima que cerca de 80 de los controladores procesados en el archipiélago suscribirán el acuerdo. Además, los acusados pedirán que se aprecien las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de resarcimiento del daño, lo que podría rebajar la cuantía de la multa. "La liberación de los fondos para la indemnización de los perjudicados en Madrid y Palma en acuerdo con la Fiscalía, y por ende la retirada de las acusaciones particulares de la causa es el primer paso para poner fin a los dos procesos ocho años después y evitar ir a juicio", señalan desde el sindicato.
No obstante, la fiscalía solo acepta un acuerdo global de los 82 controladores para retirar la acusación de sedición y sustituirla por el de abandono de funciones. Como informó este diario, el veto que plantean cuatro controladores de Mallorca pone en peligro el pacto que negociaban con la fiscalía los trabajadores de las torres. No quieren aceptar las condiciones del acuerdo porque sostienen que son inocentes y, por tanto, no están dispuestos a que en su hoja de servicios aparezca una condena por un delito que entienden que no han cometido.
