05 de abril de 2018
05.04.2018
Empleados públicos

La amenaza a la carrera profesional pende también sobre 14.000 profesores

Pese a que la carta del Gobierno Rajoy al Ejecutivo balear solo habla del complemento, Madrid plantea recurrir los presupuestos de la comunidad por exceder la masa salarial e incluye a los docentes

05.04.2018 | 22:36
Reunión informativa celebrada el miércoles de la semana pasada en la conselleria de Hacienda.
La guerra que Madrid quiere desatar con el Govern a costa del artículo 23 de los presupuestos de la comunidad para este año, el que hace referencia a los  complementos y subidas salariales de los funcionarios, puede afectar también a 14.000 profesores de Balears ya que, si el Gobierno central impugna finalmente una presunta subida "ilegal" de las retribuciones de los empleados públicos, el personal docente lógicamente también se vería afectado, interpreta Jordi Crehuet, delegado de acción sindical de UGT.

Crehuet asistió el miércoles de la semana pasada a la reunión informativa convocada en la conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas para informar a los agentes sociales del conflicto en ciernes con el ministerio de Cristóbal Montoro.

Allí, la consellera Cati Cladera les informó de que las discrepancias con Madrid parten del hecho de que Balears habría incumplido el techo del aumento de la masa salarial, establecido en el 1%, previsto para los empleados públicos a nivel nacional. Por lo que, en opinión de la responsable del departamento autonómico, la reclamación de Madrid también afectaría al personal docente.

Y Hacienda aportó cifras. En los presupuestos de este año se habría consignado una partida de 128 millones de euros para pagar complementos salariales, ya se llamen carrera profesional o sexenios, en caso del personal docente, para un total de 23.000 trabajadores públicos. Que en opinión del Govern sería el colectivo afectado hoy por hoy por el recurso o la impugnación de Madrid.

El delegado sindical mantiene sus dudas respecto a esta inclusión ya que, revela, en los párrafos de la carta de Madrid que les leyó la consellera Cladera en la reunión del miércoles "se nombraban únicamente los diferentes acuerdos para pagar el complemento de la carrera profesional a los trabajadores de la Agencia Tributaria de las islas (ATIB), a los empleados de Sanidad y a los funcionarios de Servicios Generales del Govern. Siempre se refería a carrera profesional y nunca a sexenios", recalca el representante ugetista.

Aquí cabe destacar que, contrariamente a lo que ha sucedido en enfrentamientos anteriores, el Ejecutivo balear no ha facilitado a los medios de comunicación la misiva enviada desde el Gobierno central.

Incoherencia

No obstante, Crehuet también admite que la responsable de Hacienda les concretó en otro momento de la reunión que el recurso de Madrid aludía al presunto incremento ilegal, por encima del 1%, del dinero que dedica esta comunidad al capítulo I (gastos de personal).

"Si fuera así, también afectaría al personal docente. Porque no puede ser que si nos suben el salario a todos los funcionarios y Madrid considera que el incremento es ilegal y obliga a devolver dinero, lo hagamos solo los empleados de Sanidad y de Servicios Generales. Tendríamos que hacerlo todos", razona.

No obstante, el responsable de acción sindical de UGT considera una incoherencia que ahora Madrid recurra estos incrementos salariales por encima del 1% cuando, revela, ya se han pactado con efectos de 1 de enero aumentos muy superiores.

"Esta postura es incoherente porque ya se han pactado incrementos salariales del 1,5% con efectos del 1 de enero e incluso del 1,75% a partir del próximo 1 de julio. Además está contemplado que si el PIB crece o está cercano al 2,6%, los aumentos de los sueldos de los funcionarios podrían alcanzar hasta el 1,9%", subraya.

Vía decreto

Crehuet añade que incluso se ha negociado con el Gobierno central que, en caso de que no se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado este año, estas mejoras salariales quedarían contempladas y reflejadas en un decreto-ley.

Asimismo, el responsable de UGT no entiende el recurso estatal por el pago de unos complementos salariales que también se abonaron a los empleados públicos en los años 2016 y 2017 sin ninguna consecuencia.

Por ello, en opinión de este sindicalista, la actuación del Gobierno central obedecería a una estrategia política que pasaría por presionar a varias comunidades autónomas –se sabe que el Ejecutivo central ha realizado estas objeciones y ha puesto sobre la picota las cuentas de siete regiones del país, entre ellas el País Vasco y otras gobernadas por el Partido Socialista– con el objeto de que estas a su vez presionen al PSOE para que este partido o el propio Partido Nacionalista Vasco (PNV) den su apoyo a las cuentas generales del Estado y finalmente puedan ser aprobadas.



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