Ochenta millones de euros para mitigar el impacto de unos alquileres desorbitados, rescatar a personas al borde del desahucio y construir vivienda pública. Es la dotación económica de un Plan de ayuda a la vivienda que aportará el Govern (50 millones) y el Estado (34 millones) durante los próximos cuatro años.
El Plan, que sobre el papel dará cobertura a seis mil familias con dificultades severas para acceder a una vivienda, supone un importante avance con respecto a la pasada legislatura, cuando el Govern de Bauzá invirtió nueve millones de euros para esta materia.
Este 2018 llegarán 6,5 millones de euros a familias con dificultades para pagar el alquiler y cumplan dos requisitos: pagar un arrendamiento inferior a 900 euros y cobrar un máximo de 23.000 euros al año.
“Este 2018 llegaremos a 3.300 familias. En 2015 se llegó a poco más de 700”, ha subrayado el conseller de Territorio, Vivienda y Movilidad del Govern, Marc Pons para ilustrar el alcance del Plan.
Una segunda línea de ayuda -hay nueve en total- que ascenderá a 144.000 euros se destinará a pagar el alquiler de personas amenazadas de desahucio. También habrá subvenciones para los menores de 35 años que quieran comprar su primera vivienda, aunque solo beneficiará a residentes en municipios inferiores a cinco mil habitantes.
“En este caso son criterios que marca el Estado y nosotros no podemos variar”, ha indicado Pons.
