La dirección general de Farmacia ha enviado recientemente una carta a los colegios de Médicos y de Farmacéuticos para informarles de que sus servicios de inspección han detectado que el 25% de las recetas médicas privadas que se presentan en las farmacias para retirar fármacos "no cumplen los requisitos legales que establece el real decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación".

La misiva continúa advirtiendo de que "teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la entrada en vigor de este real decreto y de que incumplirlo facilita, entre otras, la falsificación de recetas, con las graves consecuencias que se pueden derivar, no queda otro remedio que adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a esta situación".

El real decreto dejaba muy claro que la nueva receta médica privada sería el único documento válido para la dispensación de medicamentos a los pacientes en el ámbito de la sanidad privada desde el 21 de enero de 2013. Esto es, el pasado mes de enero se cumplieron cinco años de esa obligatoriedad.

Desde la conselleria de Salud matizaron que los grandes grupos sanitarios privados (Juaneda, Quirónsalud, Rotger) sí están cumpliendo con la obligación de prescribir fármacos mediante las recetas autorizadas y que el problema estaría en las pequeñas consultas médicas privadas.

Y recordaron que las sanciones por dispensar medicamentos con recetas no homologadas pueden oscilar entre los 30.000 y los 60.000 euros, multa que tendría que afrontar la farmacia que facilita el fármaco. En caso de que el infractor fuera un facultativo que usara recetas no autorizadas con reiteración, desde la conselleria de Salud señalaron que sería el Servei de Salut el departamento que tendría la competencia para actuar contra el facultativo infractor.

Revelaron no obstante que este mes de abril que entra se producirá una reunión entre la dirección general de Farmacia con los colegios profesionales afectados, el de médicos (COMIB) y el de farmacéuticos (COFIB).

El presidente de este último, Antoni Real, admitió que muchas recetas procedentes de la sanidad privada "todavía no están adaptadas" aunque matizó que documentos no homologados pueden ser válidos para la dispensación, esto es, que cumplirían la normativa, si incluyeran todos los datos requeridos. A saber, el número del colegiado que la ha prescrito y los datos del médico y del paciente.

No desmintió la cifra que baraja Farmacia de que 1 de cada 4 recetas del ámbito sanitario privado son ilegales y, al ser preguntado sobre qué opinaba de las cuantías de las posibles sanciones a las farmacias por aceptar estos documentos, admitió que "aplicando la normativa sí podría ser así".

Otro de los problemas que esgrimió Real es que las farmacias de las islas, como las del resto del país, aún no tienen implantado un programa informático que "desactive" la receta cuando ya haya sido dispensado el medicamento lo que, a su juicio, permitiría volver a usarla si se ha hecho previamente fotocopias del documento.

En agosto del año 2013, en una información publicada por este diario (ejemplar del 2 de agosto de 2013), Real auguraba que en el mes de septiembre de ese mismo año la implantación de la nueva receta médica privada sería plena, casi del cien por cien. Y por lo que se ve, el tiempo no le ha dado la razón.

Por su parte, desde el colegio de médicos (COMIB), en su página web, se informa a los colegiados de lo referido en esta información y recuerda a "los profesionales que prescriben recetas médicas privadas la necesidad de cumplir con el formato oficial establecido, ya que en breve no se aceptarán en las farmacias las que no cumplan con el modelo oficial".

Aparte de no cumplir con la legalidad, el uso de recetas no homologadas y su rechazo en las farmacias obligaría a los usuarios afectados a solicitar una nueva cita con su médico para obtener una receta con la que sí se le dispense el tratamiento prescrito, con las molestias y retrasos que conllevaría para el paciente esta circunstancia.