Carnes caducadas, en las que supuestamente no se respetaba la cadena del frío y se descongelaban de manera irregular y a las que le añadían vísceras o sangre de cerdo para completar su peso. Estas graves acusaciones recaen sobre Cárnicas Vicente, con sede en Marratxí por la distribución de sus productos a restaurantes, hoteles y colegios de Mallorca. La Policía Nacional ha detenido al dueño y a otros dos responsables como presuntos autores de delitos contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social, estafa y falsedad documental.
Las detenciones tuvieron lugar la semana pasada después de una inspección a sus instalaciones en el polígono de Marratxí, por parte de agentes de la Policía Nacional y de la conselleria de Salud del conselleria de SaludGovern. Más de 50 toneladas de estos alimentos han sido inmovilizadas al considerar que suponía un grave riesgo para la salud. La empresa ha cesado su actividad por orden judicial.
Ante las sospechas de que la carne pudiera encontrarse en mal estado, una de las entidades a las que le suministraban los alimentos encargó un análisis a un laboratorio privado. Los peores presagios no tardaron en cumplirse. El estudio de una partida de carne picada de ternera dio como resultado que contenía la bacteria de la salmonela. Además se le habían añadido vísceras y sangre de cerdo para aumentar su peso.
'Operación Biltong'
La denominada Operación Biltong -en alusión a un tipo de carne seca de Sudáfrica- se puso en marcha a comienzos de mes. Un trabajador acudió a la Policía Nacional para denunciar la continua vulneración de sus derechos laborales. Una jornada semanal de 60 horas -repartidas de lunes a sábado desde las seis de la mañana a las cuatro de la tarde cada día-, sin pagas ni hora extra por sueldos entre 600 y 900 euros al mes.
Investigadores de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso. Además, actuaron en estrecha coordinación con la conselleria de Salud.
Los agentes realizaron siete visitas a la empresa y recabaron una veintena de testimonios que acreditaban estos extremos. Además de los problemas laborales, el peligro para la salud pública que pudiera entrañar causó una gran alarma.
Los investigadores llegaron a detectar una partida de carne que habría caducado hace más de tres años, de acuerdo con la etiqueta original del proveedor. Muchas de estas partidas no tenían una clara trazabilidad.
Asimismo, los agentes de la UCRIF y los técnicos de la conselleria de Salud detectaron otro fraude, que alimentos que se vendían como frescos se descongelaban previamente en grandes cubetas de agua caliente.
El jefe de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Balears, Rafael Cladera, ensalzó ayer que gracias a esta intervención se había evitado que grupos de riesgo "personas mayores y niños" pudieran resultar intoxicados con el consumo de esta carne.
El inspector Gonzalo Calleja, jefe del Grupo I de la UCRIF y responsable directo de la investigación, Gonzalo Calleja, precisó que, al detectar todas estas presuntas irregularidades "se solicitó la inmovilización del producto".
Mientras, la Jefa de Servicio de seguridad alimentaria de la Dirección General de salud pública y participación de la conselleria de Salud, Margalida Buades, destacó el buen resultado de la colaboración con los investigadores de la Policía. "A nosotros nos habría costado mucho tener conocimiento y llegar a la profundidad a la que hemos llegado en este caso", admitió. También aseguró que, en caso de no confirmar las garantías sanitarias de las 50 toneladas de carne "se propondrá su destrucción".
Por su parte, el empresario, asistido por el abogado Toni Monserrat,asegura que este caso responde a una suerte de "venganza de un trabajador al que se le había despedido recientemente".
Por contra a las graves acusaciones vertidas contra su cliente por delitos contra los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social o un presunto delito contra la salud pública, el dueño de la empresa cárnica afirma que "todo está justificado. Se pagaban horas y pagas extra".
De acuerdo con la versión del empresario, este niega taxativamente que se haya puesto en algún momento en peligro la salud del consumidor. "Se cumple la normativa. Si algo está caducado, se desecha", subraya.
De hecho, la práctica habitual asegura que se encuentra permitida y que, en todo caso, se aprovecha de una ausencia de regulación. "El género se compra fresco y, cuando está próxima la fecha de caducidad, se congela. Con esto ganamos 18 meses", puntualiza.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma dejó el pasado 22 de marzo a los tres detenidos en esta operación en libertad con cargos por estos delitos, con la obligación de presentarse en la sede judicial a firmar cada 15 días.
