"El PP balear tiene un problema con Maria Salom (delegada del Gobierno central en las islas) ya que está impugnando acuerdos de carrera profesional (complemento salarial que perciben los trabajadores públicos por formarse) apoyados por su propio partido que, potencialmente, pueden perjudicar salarialmente hasta a 70.000 funcionarios de esta comunidad", sostiene Jordi Crehuet, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT.
El líder sindical apunta a que el problema está en la delegación de Gobierno de Balears ya que en otras comunidades autónomas que han suscrito acuerdos similares estos organismos no han actuado de la misma manera. "La delegada del Gobierno quiere incendiar la Función Pública", concluye Crehuet antes de recordar que el propio director general de Administraciones Públicas del Ministerio de mismo nombre ha avalado la aplicación de la carrera profesional.
"No es lógico que Salom impugne acuerdos alcanzados con los votos de sus propios correligionarios", señala el líder sindical haciendo referencia a las impugnaciones de resoluciones alcanzadas en algunas corporaciones locales como Palma, Andratx, y Santa Eugènia gracias a los apoyos del PP. "El propio Company y Prohens (presidente y portavoz parlamentaria del PP, respectivamente) han salido hoy en defensa de la carrera profesional, por lo que no se entiende la actitud de Salom más allá de que tenga intereses espúreos para promocionarse para un cargo en Madrid o Bruselas", baraja Crehuet.
Tras cifrar en unos 30.000 los funcionarios de Salud, Servicios Generales y de algunas corporaciones locales, como el ayuntamiento de Palma, afectados ya por las impugnaciones, el líder sindical avanza que no descartan movilizaciones e incluso una huelga en la Función Pública de la comunidad para intentar contrarestar esta estrategia de delegación de Gobierno. "Y dejaremos bien claro que los únicos culpables de la situación son la señora delegada y el PP balear", finaliza.
