La firma del acuerdo entre la fiscalía de Balears y el colectivo de 82 controladores que están acusados de sedición, está cada vez más complicada. Ya son cinco los trabajadores de la torre de control del aeropuerto de Palma que se niegan a secundar el pacto, que supondría que la fiscalía retiraría la acusación de sedición, que se castiga con penas de prisión, y lo sustituiría por un delito de abandono de servicio. El acuerdo, además de la confesión de un delito, únicamente les supondría a estos trabajadores el pago de una multa que, de forma individual, no llegaría a los 3.000 euros , una cantidad casi simbólica teniendo en cuenta los elevados sueldos que perciben estos trabajadores de Aena.
Sin embargo, la condición innegociable que ha impuesto la fiscal Amparo González es que sea un pacto global, es decir, que los 82 controladores estén conformes con el acuerdo y, por tanto, se reconozcan autores del delito de abandono de servicio.
Este periódico ya avanzó la pasada semana que cuatro controladores se habían apartado del colectivo, y que no estaban dispuestos a aceptar las condiciones que el abogado del sindicato USCA estaba negociando en Madrid. El letrado José Antonio Choclán había suscrito un pacto en la causa que se sigue en el juzgado de Madrid, con la confianza de que las mismas condiciones las iba a poder trasladar al caso que se instruye en Palma. La diferencia entre uno y otro caso es que en Madrid nunca se ha planteado la posibilidad de acusar a los controladores de sedición, mientras que en Mallorca sí se ha hecho, con la circunstancia además de que la Audiencia ya señaló que existían indicios de que este grave delito sí se habría cometido al declarar esta huelga encubierta en diciembre del año 2010, que dejó a miles de turistas sin poder salir de la isla al cerrarse el espacio aéreo.
El abogado Jaime Campaner representa al primer controlador que se mantuvo siempre al margen de cualquier negociación colectiva, entre otras cosas porque no pertenece a ningún sindicato y sostiene que él no secundó la movilización laboral. Este trabajador asegura que en la tarde del día 3 de diciembre de 2010 trabajó con normalidad en el centro de control del aeropuerto de Palma y no abandonó su puesto en ningún momento, como así lo hicieron la mayoría de sus compañeros.
De los cinco controladores que no van a secundar un acuerdo global con la fiscalía, es el único de ellos que no tiene ninguna vinculación con ningún sindicato. Los otros cuatro sí están afiliados al sindicato USCA. Al negarse a suscribir el acuerdo, el abogado Choclán renunció la pasada semana a su defensa. Por ello, han tenido que designar a un nuevo abogado.
