Había mucha presión en los investigadores del caso Cursach por acelerar la larga instrucción y llevar a juicio al menos una parte nuclear del complicado y voluminoso asunto. El juez Miguel Florit, que apenas lleva unos meses al frente del caso, dictó el pasado viernes un auto de "procesamiento" del encarcelado magnate de la noche, sus números dos y tres en el Grupo Cursach, y veinte policías, altos directivos de su empresa y funcionarios, entre ellos la exdirectora general de Turismo Pilar Carbonell.
La resolución, de tan solo 55 folios frente a los autos kilométricos del anterior instructor Manuel Penalva, es la primera entrega de otras piezas que también serán llevadas a juicio. En estas causas, presumiblemente, se acusará a políticos del PP como José María Rodríguez o Álvaro Gijón, otros funcionarios y empresarios de la noche que, como Miguel Pascual, también habrían pagado sobornos en metálico o en especie para aumentar sus beneficios y machacar a la competencia.
Recusación inútil
Las defensas del Caso Cursach impulsaron, y consiguieron la recusación de Manuel Penalva, que fue apartado como instructor por pérdida de la apariencia de imparcialidad, al cruzarse unos mensajes telefónicos con una testigo protegida, la veleidosa mujer bautizada como la 'madame'.
La victoria de las defensas al neutralizar a su bestia negra en las pesquisas parece, tras el auto del viernes, que fue pírrica. Nada ha cambiado en el fondo del caso y Florit ha asumido totalmente los criterios de su antecesor.
El auto será recurrido con total seguridad por los 23 imputados. Así, será la Audiencia quien ratifique o confirme los procesamientos.
Pero la maquinaria judicial no se parará y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y las otras acusaciones redactarán en cuanto puedan sus escritos de acusación. Incluso se podría dictar el auto de apertura de juicio oral antes de que la Audiencia se pronuncie sobre el procesamiento.
La resolución del viernes es un resumen de lo que ya se había plasmado antes en múltiples autos de Penalva. En síntesis describe un presunto entramado dirigido por Bartolomé Cursach, de 72 años, manejado por sus "ejecutivos" Sbert y Bergas y que desde los años 80-90 habría corrompido a las Policías Locales de Palma y Calvià, los Ayuntamientos de ambas localidades y la conselleria de Turismo, entre otras instancias.
Quid pro quo
Algo a cambio de algo: 'quid pro quo'. La corrupción es tan vieja como el mundo y el magnate de la noche no habría inventado nada nuevo para engordar su imperio. "Coacción, miedo, intimidación, regalos, fiestas, pases Vip anuales (y gratuitos) para el gimnasio MegaSport, drogas y prebendas de la más variable índole", serían las armas de Cursach.
A cambio habría obtenido "ausencia de inspecciones (en sus negocios), preavisos de las mismas, colaboración en el tráfico de estupefacientes, inspecciones amañadas, represalias a los agentes de la Policía Local que aplicaban la Ley con rigor y objetividad, y persecución policial a la competencia".
Florit tiene a su favor algunos testigos de peso, pinchazos telefónicos y análisis de la actuación de las administraciones ante el Grupo Cursach y otros empresarios. Estos elementos demostrarían el presunto trato de favor al veterano empresario, al que la administración ha apretado las tuercas -¡por fin!, exclama el juez- tras desvelar la Justicia las irregularidades en sus principales negocios: Pachá, BCM, Tito's, MegaPark y MegaSport.
Menos peso (nulo según las defensas) tendrían testigos protegidos como 'El Ico', la 'madame', el antiguo camarero de Tito's, o el exjefe de mantenimiento del Grupo Cursach.
El procesamiento da por buena la versión incriminatoria de estas personas y recalca que sus aseveraciones han sido corroboradas por otros testigos. Las defensas lucharán a muerte en el juicio oral para desacreditar a esos testigos, muy conocidos por la opinión pública a raíz de historias e incidentes paralelos a la causa principal. Ya falta menos para el primer gran juicio del caso Cursach.
