El juez Florit, al igual que pensaba Manuel Penalva, no tiene ninguna duda de que la exdirectora de Turismo del actual Govern, Pilar Carbonell, estaba a las órdenes del Grupo Cursach. A la dimitida política la implica una conversación telefónica que mantuvo con Bartomeu Sbert, el ejecutivo del grupo Cursach, en la que se compromete a acelerar, desde su cargo público, un expediente que se está tramitando en Turismo y que afecta al negocio del Megapark, en el Arenal. La versión que manifestó Carbonell al juez no ha evitado que sea incluida en este primer caso de corrupción en el que se persigue las actividades, presuntamente ilegales, que habrían beneficiado a este grupo empresarial. Pero además de las grabaciones telefónicas, hay otra prueba que también perjudica a Pilar Carbonell. Se cree que antes de ser nombrada directora general, cuando ocupó un alto cargo en el Ayuntamiento de Calvià, se encargaba de paralizar las sanciones que la Policía Local de este municipio imponía a la discoteca de Cursach. Unas sanciones localizadas en el registro de BCM, en las que aparece la palabra "avisar a Pilar", fue la pista que sirvió a la Policía para concluir esta relación con la política. Se averiguó que en la época de estas sanciones, y en el departamento que se encargaba de su tramitación, la única responsable que respondía a este nombre era Pilar Carbonell. Ella declaró antes de que el Grupo de Blanqueo hubiera entregado al juez este último informe que la implica. Ella siempre ha negado dicho trato de favor y, si bien reconocía que conocía a Sbert, negó ante el juez que en algún momento hubiera acelerado ningún tipo de expediente.